IBIZA | REDACCIÓN
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra el Estado español por la concesión administrativa del puerto deportivo Ibiza Nueva, que recayó en la empresa Semar y desde entonces se llama Marina Ibiza, según informó ayer el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) a través de una nota de prensa. Esta decisión de la UE, de la que la Autoridad Portuaria no tenía ayer constancia, se produce después de que en febrero la Comisión notificara la admisión a trámite de la denuncia de los ecologistas sobre este tema, que se presentó por un presunto incumplimiento de la normativa europea en materia de contratos públicos.
Según la nota del GEN, la concesión «se tramitó y aprobó por parte de la Autoridad Portuaria de Balears para ser utilizada como medida de presión para forzar la alternativa de las plataformas al abrigo del dique de es Botafoc, en vez de optar por una ordenación racional del espacio portuario».
El expediente abierto ahora por la Comisión se encuentra en tramitación con el número 2009/4057 en la dirección general de Mercado Interior de la Unión Europea, añadió la citada organización ecologista.
Siempre según el mismo comunicado, la decisión adoptada por la Comisión lleva fecha del 20 de noviembre y en ella se acordó remitir una carta de emplazamiento al Estado español, según lo previsto en el artículo 226 del Tratado de la CE, por la posible infracción comunitaria de contratación pública, por no respetar las disposiciones de la directiva 93/97/CE, en particular la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Unidad Europea (DOUE) el concurso público para la concesión de las obras.
El GEN señala que «la apertura de este expediente de infracción por parte de la UE demuestra, una vez más, que la Autoridad Portuaria actuó de forma negligente, contraria a Derecho y al interés público, en un afán incomprensible de llevar adelante el peor proyecto posible para el puerto de Ibiza».
Por su parte, el jefe de comunicación de la Autoridad Portuaria, preguntado sobre estos hechos, afirmó que este organismo no había recibido aún ayer ningún documento sobre esta cuestión y se negó a valorar el comunicado del GEN.
La Autoridad Portuaria se limitó a recordar que los ecologistas sostienen que la concesión de Marina Ibiza debía haberse tramitado como obra pública y, por tanto, haberse publicado en el DOUE, mientras que este organismo asegura que sólo se trata de «una concesión demanial en dominio público». «Aquí no se ha de construir un dique o un muelle, por lo que no es una concesión de obra pública», afirmó este portavoz, que añadió que existen informes jurídicos que avalan su postura.
«Lo normal es que ahora la UE nos pida documentación e información, pero colaboraremos con las instituciones, como siempre», recalcó este portavoz de la Autoridad Portuaria, tras recordar que aún no tienen constancia de la apertura del expediente.
.jpg)
