FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
El presidente del Govern balear, Francesc Antich, desveló ayer durante su visita a Formentera que los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma han emitido un informe que justifica, desde el punto de vista legal, la modificación del deslinde de la zona marítimo terrestre de Formentera aprobado en 1997, una reivindicación histórica de los vecinos y empresarios afectados así como de las instituciones y todos los partidos políticos locales.
La demanda se basa en que esa delimitación no se ajusta a la realidad de la isla e implica la pérdida de la titularidad privada de los edificios y terrenos afectados. Al respecto, Antich manifestó: «El Govern balear ya ha hecho el informe jurídico que avala la revisión del deslinde y lo ha remitido al Consell de Formentera, que deberá pronunciarse». Especificó que en este documento se argumentan razones jurídicas para la revisión y destacó «el interés de todos» en la redacción de este documento, responsabilidad «de la máxima autoridad jurídica de la Comunitat».
El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, precisó por su parte que el informe solicita a la institución insular la aprobación «de un acuerdo plenario para reiniciar toda la tramitación referente al deslinde, basándonos en criterios legales». Añadió que ayer mismo había convocado comisiones informativas para el pleno del próximo 10 de diciembre, en donde se propondrá a los consellers, entre otros asuntos, elevar al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo rural y Marino la demanda «para que tome las medidas oportunas».
Ferrer no quiso hacer público el contenido del informe hasta después de facilitarlo a los miembros de la ´Plataforma Salvem Formentera´, formada por los vecinos afectados. Avanzó que esta misma mañana tenía prevista una reunión con este colectivo.
Juzgado y transporte
El presidente del Govern también se pronunció sobre la creación del juzgado de instrucción y primera instancia de Formentera, en el marco de las negociaciones iniciadas entre la Comunitat y el Ministerio de Justicia para el traspaso de las competencias en esta materia. Aseguró que la petición de esta instancia judicial para la isla está incluida en la negociación con el Estado. Antich explicó: «Estamos trabajando para que todas estas necesidades básicas [en Justicia] de las islas se paguen por parte del Estado, lo que no podemos aceptar es que se nos transfiera una competencia sin que estén previstas estas inversiones». Aclaró que el principal escollo en la negociación se centra en establecer el coste efectivo del traspaso de la competencia de Justicia.
El deslinde y el juzgado fueron algunos de los asuntos que abordaron el presidente del Govern y el del Consell durante el almuerzo que mantuvieron ayer, con sus respectivos equipos, en un restaurante de la Savina. Antich también se refirió a que había tratado el establecimiento de obligaciones de servicio público en materia de transporte marítimo entre Formentera y la Península, que compete a la Administración central.
Aseguró asimismo que el Govern está firmemente comprometido en esta materia y como prueba de ello recordó la regulación del transporte entre las islas, ya que, en las líneas interinsulares, la competencia es autonómica.