Sant Josep autorizó seis ´bungalows´ en Cala d´Hort con una licencia de reforma

SANT JOSEP | J. LL. FERRER La licencia otorgada en septiembre de 2007 por el equipo de gobierno de Sant Josep, que dirige Josep Marí Ribas, Agustinet, para la «reforma y ampliación» de una casa payesa de Cala d´Hort permitía en realidad edificar 616 metros cuadrados más de construcción –el cuádruple de la superficie original–, distribuidos en siete bloques diferentes (de los que seis semejan bungalows), y una piscina de 100 metros cuadrados, todo ello en el interior de una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC), que también es una zona de prevención de riesgo de erosión. Además, esa licencia no obtuvo el preceptivo informe de la Comisión balear de Medio Ambiente.
Por todas estas razones, el Consell Insular ha instado al Ayuntamiento de Sant Josep a que suspenda dicha licencia, dado que constituye una «grave y manifiesta infracción urbanística» y es, por tanto, «de nulidad radical», según afirma el informe técnico que ha servido de base para el acuerdo adoptado en la última sesión de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio.
Dicho documento, que deja al descubierto la deficiente tramitación municipal de dicho expediente, arranca de una denuncia presentada por los ecologistas del GEN poco después de iniciarse las obras. El Consell afirma que «la ampliación proyectada no cumple con la definición de ampliación de edificación existente en el Plan Territorial Insular». «No se puede decir que la actuación proyectada consista en ´unas pequeñas obras de ampliación para hacerlas habitables según las necesidades de la vida moderna´, dado que cuadruplica la superficie original», añade el informe.
Dado que la «ampliación» de esta casa payesa consiste en construir siete bloques nuevos, dotados cada uno de ellos de dormitorio y cuarto de baño, así como una piscina, el Consell deduce que «más bien responde al programa, distribución y configuración de un establecimiento de alojamiento turístico en suelo rústico». Al tratarse de una industria turística, habría requerido la declaración de Interés General por parte del Consell y una evaluación de impacto ambiental específica.
En todo caso, los técnicos de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio recalcan el «gran impacto visual» que provoca esta construcción, que ha comenzó a ejecutarse mediante la realización de grandes desmontes y el levantamiento de la estructura. Dicho impacto se deriva del hecho de que «las nuevas edificaciones se sitúan a una cota más alta que las existentes» anteriormente y se «elimina una gran cantidad de vegetación existente y se destruye gran parte de los elementos etnológicos de la zona».
Ante estos «vicios de nulidad radical», se insta al Ayuntamiento a que «proceda a la suspensión de los efectos de la misma y a la inmediata paralización de las obras, y que en el plazo de diez días siguientes a la fecha en que se dicte el acuerdo de suspensión, interponga el correspondiente recuerso contencioso administrativo» contra su propia licencia, para que quede definitivamente anulada.