IBIZA | R. S.
Cuatro policías nacionales, que en el momento de los hechos estaban en periodo de prácticas, fueron juzgados ayer en Ibiza por propinar presuntamente una paliza a un ciudadano en la zona de es Pratet, en Vila. Además, en el banquillo de los acusados se sentó también la víctima, el ibicenco A. G. M.
En el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de la isla la representante del Ministerio Público solicitó un año de prisión para los cuatro agentes por un delito de lesiones. A. L. M., E. A. A., D. G. P. y D. J. M., todos españoles en torno a los 30 años de edad, se enfrentan también al pago de una multa de 2.160 euros cada uno (doce meses con una cuota diaria de seis euros).
La representante de la acusación particular, la abogada Cristina Molina, elevó la petición de pena para los policías a tres años de prisión y calificó como «vergonzoso» su comportamiento.
Los cuatro jóvenes habían comenzado sus estudios para trabajar como policías en la academia de la ciudad castellana de Ávila. Después se trasladaron a realizar las prácticas a Ibiza. La noche del 9 de marzo de 2008, sábado, quedaron para tomar algo por los bares del puerto de Vila.
Pararon el coche en un semáforo
A. G. M. también estaba bebiendo unas cervezas con unos amigos en la plaza del Parque. Estos últimos decidieron seguir la noche de fiesta en una discoteca de Vila pero el acusado prefirió irse a casa. Le llevaron en coche hasta la avenida de Santa Eulària, y se bajó a la altura de la estación marítima de Formentera, ya que vivía cerca. Uno de sus amigos detuvo el coche en la calle aprovechando que el semáforo estaba en rojo.
Los policías iban a la misma discoteca. Eran las cuatro de la madrugada. En un turismo marca Volkswagen Golf viajaban dos o cuatro de ellos, ya que aquí comienzan las discrepancias en las declaraciones.
Según la versión de A. G. M. y de uno de sus amigos, el que conducía el coche en el que viajaban, los policías en prácticas empezaron a tocar el claxon y a increparles a voces. «Sacaron un carné y me dijeron que eran policías secretas en tono amenazante, por lo que decidí huir», declaró ayer A. G. M., que dijo ser un deportista y no beber, aunque reconoció que esa noche había tomado dos cervezas.
En el aparcamiento de tierra de ses Feixes se paró a pedir un cigarro a un aparcacoches, momento en el que llegaron los otros cuatro acusados en el coche, siempre según la versión de la víctima. «Venían a por mí», explicó a la juez Clara Ramírez, que dejó el juicio visto para sentencia.
En la calle Pere Francés le acorralaron. «Les lancé una valla para defenderme», comentó. Sin embargo, siempre según su versión, los cuatro agentes le tiraron al suelo y le propinaron una gran paliza. «Me amenazaron de muerte, me dijeron que iba a ir a la cárcel, me golpearon por todas partes», explicó en el juicio.
A. G. M. tuvo que ser atendido de diversas lesiones en el hospital Can Misses. «Me ha cambiado la vida, estoy siguiendo un tratamiento psicológico», concluyó su relato. A. G. M., nacido en la isla, reconoció que en algún momento de la disputa dijo que conocía a los policías de Ibiza y que éstos le iban a proteger. «La detención fue ilegal, estaban todos confabulados contra mí», añadió.
Los cuatro agentes, todos ellos policías en la actualidad (tres de ellos ejercen en Ibiza), coincidieron en sus explicaciones. Según ellos, en el coche sólo viajaban dos: A. L M. y E. A. A. Todos negaron la agresión y dijeron que A. G. M. estaba bebido y posiblemente bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
Sólo lo retuvieron
«Nos tiró una valla al coche dos veces, nos rompió la luna, una ventanilla y nos abolló el capó», explicó uno de los agentes. Los cuatro dijeron que simplemente se limitaron a retener a A. G. M. hasta que llegó la Policía cinco minutos después.
En el juicio declararon también los policías nacionales que practicaron la detención de los que son ahora sus compañeros y el que entonces era su tutor en el periodo de prácticas. Este último explicó que la Policía Nacional abrió un expediente disciplinario tras el incidente, que quedará vinculado a la resolución judicial. Si la sentencia es condenatoria, «les puede perjudicar con suspensión de empleo y sueldo», concluyó el testigo.
