IBIZA | E. R.
La Fiscalía investiga un vertido de aguas fecales que se produjo en el Parque Natural de ses Salines en agosto del año pasado y que afectó a dos estanques de Salinera Española en sa Sal Rossa. El Ministerio Público ha pedido que se junten las dos denuncias presentadas por la empresa salinera y dos particulares que se tramitaban en dos juzgados distintos y que se realice un informe pericial para tratar de averiguar si la fuga de aguas ´negras´ pudo causar un grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales o un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, lo cual, de confirmarse, sería constitutivo de delito.
La fuga se produjo a finales de agosto del año pasado a través del emisario de la depuradora de Can Bossa que transporta el caudal depurado hasta el mar. De un tubo vertical próximo a sa Sal Rossa, que actúa como respiradero del emisario, salía a chorros agua maloliente que fue a parar a los estanques de Salinera Española.
La empresa salinera denunció en el juzgado que el vertido formó una enorme balsa de aguas fecales que afectó a dos estanques, que, en todo caso, no se utilizan en el proceso de producción de sal, pero sí en la evacuación de aguas denominadas muertas en el circuito hídrico del sistema. Dos particulares presentaron otra denuncia.
Análisis de las muestras
Pocos días después del vertido, se recogieron muestras del vertido ante la presencia de un notario. En el informe preliminar del análisis efectuado del agua se informaba en el juzgado, según ha podido saber este periódico, que el líquido analizado no es apto para ser vertido en zonas sensibles ni tampoco es aprovechable para el riego o usos en que entre en contacto con personas, debido a que su tratamiento de depuración había sido insuficiente.
La conselleria de Medio Ambiente informó al juzgado, a raíz de esta denuncia, que el 4 de agosto del año pasado se adjudicaron las obras de ampliación y mejora del tratamiento de la planta depuradora de Can Bossa. Actualmente se está ejecutando. En este informe, de 12 de marzo de este año, el Govern reconocía que esta infraestructura se encuentra al límite de su capacidad de tratamiento. La Fiscalía también investiga si el mantenimiento de la planta era el adecuado en el momento en que se produjo la fuga.
