IBIZA | E. R.
El secretario de Organización de la FSE-PSOE, Julián Aguilar, aseguró ayer en rueda de prensa que la imputación de Tarrés por supuesta falsedad documental es sólo «una cuestión procesal» que, además, «no cambia nada». Aguilar sostiene que el auto de la Audiencia no supone ningún efecto jurídico nuevo, ya que en ningún momento se ha dejado de investigar nada en este caso. De hecho, el dirigente socialista destaca que el recurso de la Fiscalía se basaba exclusivamente en la cuestión formal de que «no era el momento» para decidir la desimputación de Tarrés, sin entrar en su contenido. Aguilar apunta que el auto de la Audiencia relata los hechos que ya se conocían de la instrucción sin aportar nada nuevo y destaca que la cuestión administrativa del edificio de Joan XXIII ya «ha superado la prueba de algodón» con la sentencia del contencioso administrativo que daba la razón a Vila.
Andrés Tuells, abogado de Roque López, mostró su satisfacción por la resolución, que calificó de «contundente». Señaló que, después de meses de inactividad, el caso se está «reactivando», ya que la juez instructora ha admitido la personación de la Asociación de Afectados Ibiza Centre y la lista de pruebas documentales que ha solicitado. Recordó que en la querella que presentó contra el anterior juez instructor y la abogada Ascensión Joaniquet decía que el auto que ahora ha sido revocado podía ser «prevaricador». «Me ha costado una denuncia contra mí por denuncia falsa, pero se demuestra que no iba desencaminado. La verdad está aflorando», dijo. Joaniquet expresó su sorpresa por el hecho de que Tuells siga empecinado en la defensa de su querella (ha de pagar una fianza de 433.000 euros por supuesta falsedad) y señaló que «se va a encontrar una segunda querella por calumnias y denuncia falsa», que, además, podría llevarle a prisión.
