El administrador del Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, que se enfrentaba a diez años de cárcel por la contratación irregular de al menos trece trabajadores para las obras de reforma de los hoteles S´Estanyol y San Remo de Port des Torrent, ha eludido la prisión gracias al acuerdo alcanzado ayer entre la Fiscalía, la acusación particular y su abogado, que pactaron rebajar la condena a sólo dos años de cárcel y al pago de multas por una cuantía total de 22.800 euros.

Ferré y los tres encargados de las obras que se desarrollaron en los citados hoteles entre finales de 2005 y principios de 2006 iban ser juzgados hoy por la sala de lo Penal número 2 de Ibiza por delitos contra los derechos de los trabajadores, infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, amenazas y lesiones. Sin embargo, por causas no concretadas, las partes se citaron ayer en los juzgados para suscribir un acuerdo negociado previamente.

Al parecer, uno de los motivos que pesó para lograr la conformidad fue el hecho de que el empresario hubiera indemnizado ya a los trece empleados que estaban trabajando de manera irregular en las obras, a quienes pagó un total de 78.000 euros (6.000 euros para cada uno). También había abonado mil euros al trabajador que fue víctima de sus amenazas. Desde la Fiscalía añadieron que la rebaja de las condenas es algo previsto en el Código Penal y que se aplicó en los márgenes establecidos.

Debido a que la pena de cárcel impuesta al empresario hotelero es de dos años y no tiene antecedentes, la condena quedará suspendida y no ingresará en prisión. Sin embargo, si en algún momento fuera condenado en otra causa –tiene abierto un procedimiento por la presunta contratación irregular de un contingente de personas de Europa del Este–, debería cumplir estos dos años.

Por su parte, dos de los encargados, Francisco Ramos y Jaime Bennasar, que estaban acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, han sido condenados a dos años de cárcel (frente a los cinco pedidos provisionalmente) y 900 euros de multa, y tampoco ingresarán en prisión. Al tercer encargado, Nourradine El Berdi, que se enfrentaba a siete años de prisión, le han impuesto un total de dos años y multas por importe de 1.740 euros por el mismo delito, por otro de amenazas y por una falta de lesiones. Al contrario de lo ocurrido con los otros acusados, El Berdi sí cumplirá condena pues tenía antecedentes por un delito contra la salud pública, precisaron fuentes de la Fiscalía.

Contratos verbales y sin asegurar

Los hechos de este procedimiento se remontaban al año 2005. El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que entre noviembre de ese año y febrero del siguiente, los acusados emplearon «de modo verbal y sin alta en la Seguridad Social» a al menos trece personas extranjeras «en situación de residencia ilegal».

Los trabajadores ejercían labores de peones de albañilería «de forma estable y duradera», cubriendo un total de 63 horas semanales que no se ajustan a la normativa laboral del sector, que prevé un máximo de 40. Además, percibían un sueldo de 3,22 euros por hora, mientras que el convenio estipula 31,11 euros al día en 2005 y 31,32 en 2006, y tampoco tenían reconocido el derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones.

La Fiscalía añade que el administrador del Grupo Playa Sol no designó coordinador en materia de seguridad y salud para estas obras ni hizo el correspondiente plan, con la consiguiente falta de medidas de protección, pese a que estaba obligado por tener más de cien trabajadores y varias empresas subcontratadas.

A estos hechos se suma que sobre las 19,55 horas del 9 de mayo, Ferré y El Berdi se dirigieron a uno de los trabajadores que había denunciado a este diario las condiciones laborales que sufría y le dijeron «que le matarían, a la vez que Nourradine le cogía del brazo derecho y Fernando le cogía del cuello», señala el texto de la acusación pública. Como consecuencia de esta agresión, el trabajador sufrió varias contracturas.