IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid José Manuel Molina, perito propuesto por la defensa de la mayoría de los socialistas imputados por Ibiza Centre, ratificó ayer ante la juez que, al no existir los ficheros originales de las grabaciones de Roque López, «nunca se podrá saber» si éstas pudieron ser manipuladas. La abogada Ascensión Joaniquet señaló ayer que «no hay ninguna manera de saber si las grabaciones son una copia de las originales o una alteración de las mismas». El perito explicó que con este tipo de formato «no hay ninguna dificultad» para presentar un CD con conversaciones de «corta y pega», según Joaniquet. López presentó en su día en el juzgado el MP3 vacío con el que grabó a sus compañeros.
La letrada abundó en que el perito explicó que hoy en día se pueden bajar programas de Internet que «crean un sonido de ambiente normalizado y eliminan el rastro de los cortes de las conversaciones». «No quiere decir que se pueda concluir que fuera así, pero no se puede saber porque no existen los originales», insistió. Aún queda pendiente que la Policía Científica también ratifique en sede judicial su informe sobre las grabaciones, aunque Joaniquet sostiene que el resultado será «el mismo».
La segunda comparecencia del presidente del Consell, Xico Tarrés, en el Juzgado por el caso Ibiza Centre duró apenas media hora. Tal como había anunciado, Tarrés se negó a responder a las preguntas de Andrés Tuells, abogado del ex dirigente socialista Roque López. También rechazó contestar a las preguntas de la defensa de la Asociación de Vecinos Afectados de Ibiza Centre, formada por un grupo de una decena de propietarios del edificio de Santa Margarita que se niega a dar sus pisos a cambio de otro en el inmueble en construcción junto a Joan XXIII. Las propiedades de estos vecinos serán expropiadas.
Tarrés justificó su negativa a contestar a las preguntas del abogado de estos afectados porque es «un tema que ya está juzgado» por la vía contenciosa administrativa con resultado favorable, además, a los intereses del Ayuntamiento. Aunque el presidente no tenía ninguna intención de responder a más preguntas de Tuells (su primera declaración de febrero de este año fue interrumpida cuando llevaba cinco horas respondiendo preguntas ante el juez, muchas de ellas del abogado de Roque López), la juez instructora, Margarita Robayna, impidió al letrado formular pregunta alguna por no haberlas presentado por escrito previamente.
La juez dictó en su momento una providencia en la que instaba a Tuells a presentar por escrito las preguntas que habían quedado pendientes para decidir si eran o no procedentes, pero el abogado no lo hizo. Tuells criticó este procedimiento e indicó que un interrogatorio por escrito «pierde eficacia» ya que no da pie a poder añadir nuevas preguntas en función de las respuestas del declarante. Añadió que no presentó el cuestionario porque la abogada de Tarrés, Ascensión Joaniquet, ya había dicho públicamente que su defendido no iba a responder a más cuestiones de este abogado. Se negó a hablar del varapalo de los tribunales al rechazar su querella contra el anterior juez instructor y Joaniquet. «Hoy toca hablar de Ibiza Centre», dijo.
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