IBIZA | N. G. G.
Dos vecinos cuyas fincas están ubicadas en la zona de es Amunts, en el término municipal de Sant Joan, fueron juzgados ayer como presuntos autores de un delito de daños graves en elementos del espacio natural por modificar supuestamente un antiguo camino que discurría por sus propiedades sin hacer caso a la licencia municipal, así como por abrir varias vías desde el camino principal y ejecutar varias explanadas.
Los acusados, J. J. C., ibicenco de 53 años, y P. J. B., alemán de 59, aseguraron que todo aquello ya existía y que sólo se realizaron trabajos de limpieza de los terrenos. Ambos se enfrentan a dos años y nueve meses de prisión, así como a pagar sendas multas de 10.800 euros.
Los hechos, denunciados en el año 2004 ante la Fiscalía por el colectivo Amics de la Terra, se produjeron a finales de 2003 y principios del ejercicio siguiente.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los acusados, de mutuo acuerdo, llevaron a cabo una serie de actuaciones en los terrenos de sa Mola, en es Amunts, una zona catalogada como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Entre esas actuaciones, supuestamente se abrió un camino de cuatro metros de ancho y dos kilómetros de largo en una zona boscosa y diversos viales desde este principal, así como un total de tres explanadas de distintas superficies. Todo ello con un desmonte y una tala de pinos que afectaron a una superficie de 10.778 metros cuadrados y supusieron la eliminación de 15.000 metros cúbicos de suelo original, de acuerdo con los informes periciales.
Desde el Ministerio Fiscal sostienen, en base a lo declarado por los expertos, que esto ha supuesto la existencia de riesgo de aludes, el incremento de los procesos erosivos, la destrucción de más de 10.000 metros cuadrados de bosque de pinar, el aumento del riesgo de incendio y la destrucción del hábitat natural para la fauna, entre otras cuestiones.
«Limpiar y arreglar»
Los acusados reconocieron que se habían puesto de acuerdo para «limpiar y arreglar» el camino principal existente que pasaba por ambos terrenos para poder circular con tractores y otros vehículos y llevar a cabo actividades agrícolas. Para ello, solicitaron un permiso municipal, que les autorizó a realizar los trabajos y a ensanchar el vial por un máximo de 2,5 metros. Después, contrataron a una empresa constructora que pagaron entre los dos y que se encargó de ejecutar los trabajos.
Sin embargo, los trabajos no se limitaron a limpiar la zona sino que, según la Fiscalía, se construyó encima un camino nuevo de hasta cuatro metros de ancho. «La longitud era la que había hasta llegar a la finca [de J. J. C.] y el ancho lo cogí yo según lo que necesitaba la máquina para su seguridad», explicó el constructor al tribunal. «Pero la licencia decía 2,5 metros. ¿Les advirtió [a los propietarios] que serían cuatro o cinco?», le preguntó la juez Clara Ramírez. «No. En algunos sitios habrá 2,5 metros, en otros 3 metros... La máquina me lo pedía», indicó el constructor para justificar por qué se había sobrepasado en los límites.
«¿Le parece a usted que lo quedó después de la intervención del constructor es una limpieza de un camino o se excedió?», le preguntó el fiscal a J. J. C., quien respondió simplemente: «Ahora se puede pasar y antes no se podía».
Sobre el resto de caminos que salían del vial principal y que estaban en la finca de P. J. B., éste señaló que ya existían cuando adquirió la finca, en 1984, si bien contrató también a la misma empresa para que los limpiara. «Le di instrucciones para llevarse los árboles caídos en una tormenta de 2001 y además se cortaron 32 más de acuerdo con una licencia otorgada desde Palma».
Asimismo, respecto a las tres explanadas, repartidas en las dos fincas, los acusados explicaron que ya existían y que en dos de ellas había incluso ruinas de pequeñas construcciones y en otra, dos higueras.
