PALMA | EUROPA PRESS
Las comunidades autónomas de Baleares, Canarias y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.
Así lo pone de manifiesto el informe ´Financiación y costes de la Ley de Dependencia´, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Según el estudio, la Administración General del Estado aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7 por ciento), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8 por ciento) y la comunidades 954,2 millones (27,5 por ciento). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado.
