El CSIF se reúne para tomar una decisión sobre la nueva Oficina Judicial

El portavoz del CSIF en las Pitiusas, Juan Nieto, informó hoy de que la próxima semana, su sindicato reunirá a todos los delegados a nivel estatal, con fin de tomar una decisión respecto a las actuaciones a seguir ante la que calificaron como "grave y preocupante" situación que ha provocado la modificación de la Ley Orgánica para crear una nueva Oficina Judicial.

Según explicó Nieto, "no vamos a darnos por vencidos tan fácilmente, por lo que hemos convocado para los días 4 y 5 de noviembre este encuentro en el que dilucidar nuestra estrategia a seguir".

Nieto recordó que ante las presiones efectuadas en los pasados días por sindicatos y funcionarios, mediante diferentes acciones, el Ministerio de Justicia presentó ante la Mesa de Negociación del martes pasado una propuesta de acuerdo para la modificación del Reglamento de Ingreso, con el fin de cambiar algunos de los puntos que se le reclamaban.

Uno de estos puntos recoge que los funcionarios puedan optar a los puestos de trabajo, siendo estos diferenciados y no como pretendían hasta ahora. Eso sí, lamentó Nieto, "no se han recogido otras de nuestras propuestas como el acceso a las bases de datos, Lexnet y firma electrónica", en cuyo marco el CSIF exige que se expidan tarjetas de firma electrónica como Ministerio de Justicia y no a título personal; la delegación de funciones que "no nos corresponden" y el aumento de jueces y secretarios sin incrementar funcionarios.

El portavoz del sindicato en las Pitiusas agregó que el acuerdo firmado con el Ministerio y aceptado por STAJ, UGT y CCOO, sin ninguna enmienda ni alegación, "fue demasiado precipitado", y se produjo "sin antes dar traslado de dicho acuerdo al conocimiento público y previo a los funcionarios de justicia".

Nieto añadió que "creemos que un tema tan importante y de este calado que marcará el futuro laboral de los funcionarios de justicia no puede ser liquidado en la primera reunión con el Ministerio, que nos dio traslado de dicho acuerdo para que en el plazo de 10 minutos decidiésemos si lo aceptábamos o no, sin posibilidad de efectuar alegaciones". Desde el CSIF matizaron que sin un estudio jurídico y profundo de las consecuencias de dicho acuerdo "no se puede proceder a la firma de un documento que comprometa nuestra futuro profesional".

El portavoz del CSIF recordó que, en el caso de Eivissa, fueron más de 30 las personas las que secundaron el pasado lunes la concentración convocada en todo el territorio nacional para denunciar los contenidos de esta reforma, lo que supone un 33 por ciento de los trabajadores del sector en la isla.

Nieto criticó que la reforma es "eminentemente política y responde a un intento de Gobierno y oposición de controlar la justicia, desde el poder ejecutivo". Así, añadió que se trata de un asunto "pactado entre el gobierno, los principales partidos políticos y las Comunidades Autónomas".

Por otra parte, recordó que esta reforma judicial provocó el pasado mes de marzo la primera huelga de jueces de la historia del país al presentarse un plan que se exhibió "a todos los interlocutores menos a los funcionarios, a quienes no nos hicieron llegar este documento hasta julio, y donde se obviaron, además, nuestras alegaciones", matizó.