EUROPA PRESS | IBIZA
El Grupo Municipal del Partido Popular en Vila solicitará en el próximo pleno a la alcaldesa, Lurdes Costa, que inste al Gobierno a eximir al consistorio ibicenco del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que permitiría al municipio contar con recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de los residentes en un momento de crisis económica como el actual.
Los 'populares' también pedirán que el Ayuntamiento reclame al Ejecutivo central el mantenimiento de todas las partidas y conceptos presupuestarios que tradicionalmente se han destinado a las Entidades Locales "sin recortes ni supresión alguna" ante el anuncio de una drástica reducción en la Participación en los Tributos del Estado (PIE) para el próximo año.
Se trata de la primera de una batería de medidas para la reactivación del empleo y las políticas sociales que el Partido Popular presentará al Gobierno municipal de Lurdes Costa en los próximos días con las que se pretende hacer frente a la crisis económica.
Administración Pública
Con esta primera medida, la intención de los 'populares' es "obligar" al Gobierno Central a aprobar la exención subjetiva del pago del IVA cuando las facturas sean emitidas contra la administración pública, una aportación económica que podría destinarse a sufragar los denominados "gastos impropios" del Consistorio (Seguridad Ciudadana, Protección Social, Sanidad, Turismo o Promoción del Empleo).
Dichos gastos impropios pueden llegar a suponer hasta el 35 por ciento del presupuesto municipal, y a través de ellos se atienden problemas y necesidades de los ciudadanos, cuyas competencias y recursos financieros, sin embargo, se encuentran en manos de las Comunidades Autónomas.
Los concejales del Partido Popular culparon al Ejecutivo de Madrid de "dar la espalda" al municipio de Eivissa "en el momento en que los ciudadanos más necesitan que su Ayuntamiento tenga recursos suficientes para prestarles auxilio social y económico".
800.000 euros
En este sentido, los 'populares' recordaron que, según un reciente informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Participación en los Tributos del Estado (PIE) de las entidades locales se reducirán en un 8,4 por ciento. En el caso del Consistorio ibicenco, la PIE suponía para este año unos ingresos presupuestados de 9,8 millones de euros.
De confirmarse el recorte proyectado por el Ejecutivo central, la merma económica para el municipio sería de más de 800.000 euros, el equivalente al presupuesto total de Acción Social de este año.
Según concretó, el concejal Adrián Trejo, la disminución de la actividad económica conlleva una importante merma en los ingresos municipales que "se verá agravada por una previsible bajada en la recaudación de los impuestos estatales, que va a tener un efecto inmediato en la Participación de las Entidades Locales en los Ingresos del Estado (PIE)".
Subida de los tipos
Además, la subida de los tipos general y reducido del IVA aprobada en el proyecto de Lley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, y que será de aplicación directa a partir del julio del próximo año, supondrá, según el edil en la oposición, "un gravísimo perjuicio económico para el Consistorio ibicenco".
Los 'populares' indicaron que, en la actual situación de crisis económica, "es imprescindible" garantizar y reforzar a través del presupuesto del Ayuntamiento las medidas destinadas a la reactivación del empleo y las políticas sociales.
En este sentido, el PP aseguró que el Gobierno municipal de Eivissa debe dejar claro su compromiso y responsabilidad ante la demanda creciente de los residentes del municipio que sufren los efectos de la inestabilidad económica incrementando todo tipo de prestaciones sociales básicas.
Por ello, los ediles 'populares' concretaron que "nadie entendería que la coalición de Gobierno de PSOE-ExC votara en contra de una medida que reportaría millones de euros al municipio y, por consiguiente, a todos sus residentes".
Los 'populares' concluyeron que el desempleo, la reducción en los ingresos y el incremento de las demandas sociales, junto con una inadecuada financiación local, están situando a muchos ayuntamientos en una difícil situación financiera para afrontar el funcionamiento ordinario de su propia organización, por lo que, apuntaron, se hacen necesarias "medidas valientes y sin sectarismos políticos, aunque ello suponga enfrentarse al Gobierno central en defensa de los ciudadanos".