Los bares musicales del municipio de Sant Antoni deberán estar debidamente insonorizados y, además, disponer de limitadores de sonido para controlar el volumen de decibelios que emiten. Estos equipamientos tendrán una caducidad de un año, al cabo del cual podrán ser renovados por un nuevo periodo, si no han sido objeto de denuncias municipales.
Esta es una de las disposiciones de la nueva Ordenanza Municipal de Protección Ambiental frente a la Contaminación Acústica que ayer aprobó definitivamente el pleno, con los votos del PP y la oposición de PSOE-ExC.
La normativa había sido aprobada inicialmente en mayo de este año y posteriormente ha pasado por un periodo de exposición al público, donde se han presentado alegaciones, que han sido introducidas en el texto definitivo, según señaló en el transcurso del debate plenario el concejal de Gobernación, Josep Ramon Serra, Pilot.
Regula todos los ruidos
El portavoz del equipo de gobierno subrayó que esta normativa regula todos los ruidos que se generan en el municipio, incluidos los que se producen en el mar dentro del espacio de las aguas limítrofes, y destacó que será un instrumento «muy positivo» para el control de las fiestas ilegales que se organizan en el marco de los espacios naturales.
Destacó igualmente que la ordenanza abre las puertas a la confección en el futuro de un mapa de ruidos del municipio. Éste se está elaborando y se aprobará conjuntamente con la revisión del Plan General de Ordenación. Asimismo, regula aspectos como la calidad de las edificaciones para evitar ruidos molestos o los lugares donde se podrán ubicar discotecas. «Se trata de un instrumento que nos era muy necesario», manifestó.
El portavoz de la oposición progresista, el socialista Julián Calderón, señaló por su parte que su grupo concedía una gran importancia a esta ordenanza, que la viene reclamando desde el año 2007. No obstante, criticó que el Ayuntamiento lleva diez años aprobando ordenanzas que al principio parece que van a solucionar los problemas, pero que luego «se quedan en un cajón» y nunca llegan a ser aplicadas.
Asimismo, echó en falta que la nueva regulación no incluya el mapa municipal de ruidos, que viene reclamando su grupo, y también que no incluya planes de actuación para acabar definitivamente con los ruidos molestos.
"Porque no es nuestra ordenanza"
«Porque no es nuestra ordenanza» y por esos motivos, subrayó, los progresistas votaron en contra. La nueva norma establece que las sanciones se pueden imponer amparándose en la Ley del Ruido de 2003 o la regulación contra la contaminación acústica de 2007, ambas de Balears, o bien por la ley de Bases de Régimen Local de 1985. En todos estos casos se establecen infracciones y sanciones que pueden ser leves, graves y muy graves. Según se aplique una u otra disposición, las infracciones leves pueden tener sanciones de hasta los 600 ó 750 euros; las graves, hasta los 1.500 o los 12.000 euros, y las muy graves, hasta los 3.000 ó los 300.000 euros.
