IBIZA | E. RODRÍGUEZ
El arqueólogo del Consell Joan Ramon cargó ayer ante la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Margarita Robayna, contra los arqueólogos que denunciaron los daños provocados sobre el patrimonio por las obras de ampliación del segundo cinturón de ronda y entre los que figura su actual superior más inmediato, el director insular de Patrimonio, Josep Maria Garí. Ramon, que declaró en calidad de imputado por un supuesto delito contra el Patrimonio por omisión, aseguró que la empresa Posidonia, contratada para hacer el seguimiento arqueológico de las obras, en ocasiones informaba de los yacimientos hallados pero que en otras él mismo se percató personalmente de su existencia sin que previamente hubieran recibido ninguna notificación.
El técnico declaró que Posidonia «no respetó la legislación», ya que debían estar «a pie de obra en todo momento». En cambio, los arqueólogos denunciaron en su momento que la constructora avanzaba en las obras sin avisarles, mientras que la empresa alegaba que los encargados de la supervisión arqueológica «no estaban presentes todo el tiempo» porque querían ocuparse de otros trabajos. La constructora acabó despidiendo a los arqueólogos.
Joan Ramon puntualizó que tuvo «la impresión» de que no se hacía un seguimiento exhaustivo de los movimientos de tierra cuando la obra estaba «muy avanzada» y que tanto el entonces director insular de Patrimonio Antoni Arabí, como el ex conseller Joan Marí Tur estaban informados de ello. Sus críticas contra estos arqueólogos fueron más allá al asegurar que tenía la impresión de que determinadas personas intentaban hacer carrera política con este asunto. De la misma manera, atribuyó a «la animadversión» que algunos de los arqueólogos de Posidonia sienten hacia su persona el hecho de que le implicaran en la destrucción de los bienes patrimoniales.
El técnico de Patrimonio, que rehusó hacer declaraciones a los medios de comunicación cuando salía de los juzgados, reconoció que hubo un impás entre el momento en que la empresa Posidonia fue despedida y la contratación de un nuevo arqueólogo, pero que durante este lapso no le constaba que se hubiera producido ningún movimiento de tierra, aunque puntualizó que lo sabía porque se lo habían comunicado verbalmente. Admitió que las obras afectaron parcialmente a un acueducto que debió medir cinco kilómetros, pero que no sabía si había un arqueólogo en ese momento. «Si lo había, o no se dio cuenta o no informó de ello», dijo. Explicó que fue él quien impulsó el seguimiento de las obras en una zona de Puig d´en Valls en la que legalmente no era obligatorio.
Justificó que cuando se dio cuenta de la existencia de bienes, como el camino viejo, que está protegido, la obra ya estaba casi ejecutada y estaban actuando los arqueólogos de Posidonia.
Informes «objetivos»
Joan Ramon negó que hubiera un pulso entre los arqueólogos y la constructora Matías Arrom Bibiloni, pero sí «una falta de coordinación» entre ambos. Defendió que informó «objetivamente» de todo lo que pasó y que su función no era la de abrir expedientes. Precisamente, el ex conseller de Patrimonio Joan Marí Tur dijo en su declaración que no abrió ningún expediente a la constructora por destruir patrimonio porque era «más partidario de dialogar». Al ser preguntado por qué durante un tiempo las obras se habían realizado sin seguimiento arqueológico, Marí Tur respondió en su día que no lo sabía y que el técnico de Patrimonio (Joan Ramon) era quien se encargaba de esta cuestión.
Por su parte, Rafael Perera, abogado de Joan Marí Tur, aseguró ayer que «está quedando claro» que este asunto se ha «hipertrofiado», por lo que considera que «no debe tener ninguna trascendencia penal» contra ninguna de las personas imputadas.
Los daños de las obras
Las obras del segundo cinturón afectaron a una cisterna púnica, parte de un acueducto y una necrópolis romana y parte del camino viejo de Puig d´en Valls. El GEN denunció los hechos en el juzgado.
