IBIZA | J. LL. F.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) acaba de dar la razón a la conselleria de Obras Públicas del Govern balear en una denuncia presentada por unos particulares contra la expropiación de sus terrenos en las obras de construcción de la autovía del aeropuerto.
Gemma Inmaculada Esquilache Serra y su hermano Fernando habían recurrido ante la justicia solicitando un incremento del 25 por ciento en la cantidad fijada como justiprecio de la expropiación al entender que no se les había notificado personalmente el expediente, sino a su abuelo materno, ya fallecido.
Sin embargo, la sentencia señala que «no puede considerarse que la notificación irregular –al figurar como destinatario una persona ya fallecida, abuelo de los propietarios– ocasionase indefensión alguna a los interesados, ya que el domicilio era el mismo que el de su abuelo» y, además, dicha noficiación fue recogida por la madre de los denunciantes.
Además, el acta previa de ocupación se levantó también con la presencia de la madre y receptora de la notificación.
También alegaban los recurrentes que el acta previa de ocupación estaba indebidamente rellenada y faltaban datos esenciales. El tribunal considera sobre este tema que, cuando hay una falta de citación sí podría interpretarse que se produce una ilegalidad, pero «cuando, como ocurre en el presente caso, la parte expropiada sí ha sido citada en forma al levantamiento del acta previa de ocupación y no ha acudido, su capacidad para discutir la relevancia de estas posibles omisiones queda devaluada».
También se quejaban los denunciantes de que el acta no contenía descripción alguna de tipo físico o jurídico de los inmuebles afectados, «pero lo cierto es que se identifican con sus datos catastrales, se indican sus linderos y se especifica la superficie a la que la ocupación afecta», por lo que no considera que la queja esté justificada.
