IBIZA | CÉSAR NAVARRO
El puerto de Ibiza arrastra una historia plagada de acontecimientos y los problemas que sufre desde hace décadas son una mala herencia de actuaciones que se llevaron a cabo en los años 80, bajo el paraguas falso del progreso y gracias a la construcción del puerto deportivo Marina Botafoch; los amarres ocupan la zona de feixes en la que hasta entonces (el puerto comenzó a operar en 1987) morían mansamente las corrientes. Las mismas corrientes que a partir de entonces convirtieron curiosamente la zona más interior del puerto, el muelle de los pescadores, en la más agitada en época de tormentas. La explicación resume el problema del puerto hasta la construcción del nuevo dique de es Botafoc, que se inició en 2001 y finalizó dos años más tarde: la marea rebotaba en el muro exterior de Marina Botafoch para introducirse en el interior de la zona portuaria.
Esa marea también puso en constante peligro la carga y descarga de mercancías peligrosas en el muelle mercantil, situado entre el edificio de la Autoridad Portuaria y el puerto deportivo Marina Ibiza, antes Ibiza Nueva. Los cascos de los cargueros con combustibles o cualquier otro material potencialmente peligroso chocaban violentamente contra el muelle por efecto del oleaje, lo que durante años representó una verdadera amenaza para la ciudad. Incluso un informe de organismos europeos encargado por la Autoridad Portuaria, que se conoció en 1995 (ver reproducción adjunta de la página de Diario de Ibiza sobre el tema), advertía de que si uno de estos buques, cargado con gases licuados de petróleo, llegara a explotar, podría causar alrededor de 4.000 muertos y 9.000 heridos, así como cuantiosos daños materiales.
Precisamente esta peligrosidad fue la que persuadió a la Unión Europea para costear la práctica totalidad de la obra del dique en es Botafoc. La seguridad fue la verdadera razón que permitió a la Autoridad Portuaria construir una parte importante del Plan Especial del Puerto de Ibiza y Anteproyecto de Obras Portuarias, aprobado inicialmente en diciembre de 1991 y que tres años más tarde fue bendecido por la Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular. Este documento, que nació con el PSOE y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en junio de 1999 por no pasar el trámite obligado de exposición pública, incluía además del dique en es Botafoc un nuevo puerto mercantil en su espejo de aguas. Era prácticamente un calco del proyecto actual, que sólo está pendiente de un informe de la Unesco, con la salvedad de que el diseño de hace dieciocho años no contemplaba los dos muelles que se prevén ahora en la plataforma portuaria.
Podría decirse entonces que la ampliación del puerto de Ibiza ha sido una carrera de fondo, o de obstáculos, si se prefiere, iniciada hace casi dos décadas. Como en la fábula entre la liebre y la tortuga, es la Autoridad Portuaria, con un caparazón a prueba de políticos, la que se está llevando el gato al agua. Ganó la etapa del dique y parece que ganará la del nuevo puerto, completando así una reorganización del histórico puerto de Ibiza que macera desde hace años.
La historia es tozuda
Y la historia es así de tozuda. Desde que el primer presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Tarancón, presentase con el entonces ministro socialista Josep Borrell como testigo el primer esbozo del crecimiento portuario de Vila, otros tres políticos: Lluís Ramis de Ayreflor y Joan Verger, por el PP, y Francesc Triay (este último, del PSOE, además de ser el actual responsable portuario es el único que ha repetido en dos ocasiones en el cargo), han arrastrado como un pesado lastre durante sus mandatos el interminable, farragoso y políticamente incorrecto proyecto de ampliación. El problema que se encontraron fue que una parte de la sociedad ibicenca, respaldada por los grupos ecologistas y algunos partidos de izquierdas, se opuso radicalmente a sus ideas desarrollistas, que se basaban no sólo en el problema de la seguridad si no también en una cuestión de metros de muelle para amarres: el consumo crece, ergo aumenta el tráfico marítimo y hay que darle cabida; es la lógica del progreso.
El movimiento de oposición a los postulados del organismo portuario derivó en la década de los noventa en la creación de la conocida como Coordinadora contra la ampliación del puerto, que llegó a encargar estudios alternativos que nunca fueron tenidos en cuenta. Precisamente ahora, con la construcción de las plataformas en un horizonte cercano, muchos progresistas se preguntan dónde está esa asociación. También se significó de manera importante contra el proyecto portuario la Demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos, cuya denuncia fue la que finalmente propició la anulación del Plan Especial del Puerto. Al frente de este colectivo profesional en la lucha proteccionista se alzó la figura de Salvador Roig.
Los opositores al dique estuvieron en un principio apoyados por algunos partidos políticos, aunque la mayor parte abandonó el barco proteccionista en cuanto tocaron sillón, o sea, cuando llegaron al poder.
En cuanto a los defensores de las obras, pueden citarse prácticamente todas las patronales empresariales y los dos partidos políticos con mayor respaldo social: PP y PSOE, aunque los populares, en la época de Enrique Fajarnés de alcalde de Vila, llegaron a plantar cara a la Autoridad Portuaria.
En esta historia los socialistas, tanto desde el gobierno del Ayuntamiento de Ibiza como desde la sede del Consell en la avenida de España, han sido los verdaderos responsables, para bien o para mal, tanto de la construcción del dique (cuya necesidad prácticamente nadie discute) como del futuro puerto mercantil en el espejo de aguas que todavía queda libre entre esta estructura y Marina Botafoch.
Dique sí, pero nada más
En la hemeroteca de Diario de Ibiza se conserva la maniobra que permitió la construcción del nuevo espigón. Gobernando el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza, el PSOE, respaldado por sus socios políticos, entre ellos IU, Els Verds, ERC y ENE, acordó con la Autoridad Portuaria la construcción del dique con la condición de que se descartara la obra de la plataforma, que debería acoger el futuro puerto ibicenco (el actual, según ese acuerdo institucional, deberá ser remodelado para ´abrirlo´ a la ciudad. Ninguna de estas obras se ha iniciado todavía).
En el colmo de la extravagancia, en febrero de 2000, Vila y el Consell anunciaron que habían llegado a un consenso y explicaron que se habían decantado por la opción menos impactante, pero que curiosamente contemplaba un dique separado de es Botafoc. Esta alternativa, que no gustó en absoluto a la Plataforma, se descartó tras un estudio de la conselleria regional de Interior.
Ahora, diez años después y con los mismos partidos en las mismas instituciones, sólo un informe de la Unesco podría impedir la ampliación del puerto, que en esencia representa la construcción de una nueva zona portuaria que acogerá el tráfico de mercancías y de pasajeros de las líneas con Palma y la Península, que resulta obvio que no puede ser asumido por el puerto actual.
Los partidos de izquierdas excepto el PSOE, cuyas bases se oponen a las sucesivas ampliaciones, y los ecologistas, encarnan a la liebre en esta fábula, y están a punto de ver cómo cruza la meta la Autoridad Portuaria, ese organismo lejano y antaño ´autoritario´ que ha tomado el rol de la tortuga. Poco a poco, con paciencia, ha logrado superar todos los obstáculos, tanto técnicos como políticos. Y ha logrado que se apruebe lo que, aunque a muchos les pese, es un proyecto con un elevadísimo consenso político.
Francesc Triay, político socialista bregado en mil batallas, será posiblemente el que vea hecho realidad el sueño de sus antecesores. Para ello, ha puesto en solfa la mejor herencia de uno de sus predecesores, el popular Ramis de Ayreflor: el diálogo. Hasta que llegó al cargo el también ex conseller de Economía de Jaume Matas, la Autoridad Portuaria era un organismo tan autónomo que diríase que se regía por su propia Constitución; era una sociedad enquistada en otra sociedad.
Tal vez uno de los logros más importantes que ha deparado a la sociedad pitiusa el interminable conflicto portuario sea la obligada apertura al diálogo de la Autoridad Portuaria. Con los años y ante la presión social, este organismo ha tenido que discutir y en ocasiones plegarse a las exigencias de la sociedad, a la que en realidad sirve al hacerse cargo de suelo de dominio público.
Este organismo portuario ha tenido en el GEN y Amics de la Terra a dos de sus principales enemigos. Antagonistas (desarrollo contra sostenibilidad), se han visto las caras desde que se iniciara la polémica. Y en gran manera es precisamente gracias a (o por culpa de) los ecologistas que las máquinas no han entrado todavía en es Botafoc. Hace escasos meses y en un nuevo episodio de la historia, el GEN denunció ante la Unesco la posible afectación de las nuevas obras de la plataforma en los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
La denuncia ha tomado un cariz imprevisto y, aunque resulta evidente la presencia de una pradera de posidonia donde se prevé construir la plataforma, que es necesario proteger, algunos acusan a los ecologistas de poner en peligro la declaración de Patrimonio con el único fin de impedir los trabajos. Para reforzar sus argumentos en contra de los ecologistas, recuerdan sus críticos (entre ellos muchos responsables del PSOE) que se estudiaron alternativas a la obra y que se descartaron en beneficio de la plataforma, que finalmente ha visto reducido su tamaño, si bien de manera bastante limitada.
En cualquier caso, está previsto que los técnicos de la Unesco visiten la isla en noviembre y que ofrezcan el resultado de sus análisis en julio de 2010 al Comité del Patrimonio Mundial. Hasta entonces no está claro si se pueden iniciar los trabajos.
No obstante, ya antes de que Ibiza recibiera la bendición de la Unesco, el Comité del Patrimonio estudió si construir el dique podría afectar a la posidonia. Como publicó Diario de Ibiza el 3 de diciembre de 1999, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza abrió el camino a la declaración de los bienes patrimonio al considerar que esta obra no provocaría impacto en los valores naturales en los que se basaba el reconocimiento a la historia y el entorno de la isla. Otra historia es lo que pase con la plataforma.
