FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
La conselleria de Urbanismo de Formentera iniciará mañana el trámite administrativo para cumplir con la sentencia de la sala segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que obliga a la administración insular a demoler los tres edificios de locales comerciales situados en el solar de Ca ses Castellones, en la localidad de Sant Ferran. El conseller insular del área, Bartomeu Escandell, avanzó que la Institución iniciará de inmediato el correspondiente proceso, en cumplimiento de la providencia del pasado 13 de octubre de la citada sala del TSJB. Esa diligencia judicial da al Consell de Formentera un plazo de 10 días para que comunique qué órgano de la administración se encargará de su ejecución .
Bartomeu Escandell insistió que lo que más preocupa al equipo de gobierno es minimizar al máximo las consecuencias económicas que se puedan derivar del cumplimiento de la sentencia firme de febrero de este año, que anula los actos administrativos por los que el entonces Ayuntamiento de Formentera otorgó los permisos. Esa iniciativa inmobiliaria fue impulsada por la empresa Plaça Sant Ferran S. L. Escandell explicó que la línea que va a seguir su conselleria será «determinar los criterios de valoración de las indemnizaciones». Dijo que en ese sentido se centrará el trabajo de los técnicos de su departamento, además de cumplir con la providencia del TSJB. Escandell manifestó: «Vamos a estudiar las posibles indemnizaciones que se puedan derivar, ya que me imagino que la promotora planteará los suyos y nosotros debemos estar preparados».
Por su parte, el arquitecto que presentó la demanda contra la concesión de la licencia de derribo y de obras del centro comercial Sant Ferran, Salvador Roig, recordó que todavía sigue abierta la pieza judicial separada que cuestiona la legalidad del permiso para derribar la casa payesa de Ca ses Castellones. El técnico manifestó no haber tenido dudas sobre el sentido de la sentencia que ahora es firme, teniendo en cuenta anteriores pronunciamientos judiciales en el mismo sentido, tanto en Balears, como en la Península. Por eso entiende que el recurso contra el derribo seguirá la misma línea, ya que hace un mes aproximadamente recibió la comunicación del juzgado que le notoficaba que el caso seguía su curso.
Cambio de criterio
Salvador Roig explicó que la motivación de la demanda que presentó ante los tribunales fue el cambio de criterio que se produjo en el año 2000 en la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Ciothupa), organismo responsable de informar los proyectos en las zonas protegidas del entono de los conjuntos históricos. Señaló que, en el caso de Ca ses Castellones, existía un informe desfavorable emitido el año anterior. Aseguró que en 1999, siendo miembro de la comisión, participó en el debate sosteniendo el criterio que marca la Ley Nacional del Patrimonio Español, vigente y aplicable tal y como lo demuestra la reciente sentencia del TSJB, en caso de que no existan planes especiales de protección (PEP) que regulen la construcción en esas áreas. Los ayuntamientos son las instituciones responsables de redactar esas normativas desde 1985. Salvador Roig aseguró que ninguna de las instituciones locales de Ibiza y Formentera «ha hecho los deberes» en ese sentido, salvo en el caso de Vila y sólo de forma parcial.
La Comisión del Patrimonio
En 1999 la Comisión insular de Patrimonio informó desfavorablemente el proyecto inmobiliario, pero un año después cambió de criterio y dio el visto bueno a la promoción de locales.
Juanma Costa dice que un informe de 2005 avaló la concesión de la licencia. Pitiusas y Baleares
