FORMENTERA | C. C.
La reciente resolución judicial que obliga a la demolición del centro comercial Sant Ferran es sólo una de las cuatro causas abiertas en torno al caso de Ca ses Castellones. Por una parte está pendiente la demanda del arquitecto Salvador Roig contra el derribo de la casa payesa. Se le suma que en febrero de este año un vecino, de los edificios comerciales de Sant Ferran, Francisco Mayans, hizo público que había presentado una querella criminal contra los administradores de la empresa promotora, Plaça de Sant Ferran S.L., y contra el arquitecto del proyecto por falsedad documental y usurpación.
Mayans manifestó entonces que «la querella está admitida a trámite y pendiente de ser calificada por la fiscalía».
De forma paralela, este vecino interpuso un recurso contencioso administrativo, pendiente de resolución, contra el Ayuntamiento de Formentera por haber otorgado la licencia de demolición de la casa payesa de la finca y la de obras de los nuevos edificios, en abril de 2005. Mayans basa sus actuaciones judiciales en una sentencia a su favor que reconoce que 280 metros cuadrados del solar de Ca ses Castellones, que tiene un total de 680 metros cuadrados, son suyos, incluido todo lo que hay dentro. Además el juzgado aplicó medidas cautelares que frenan cualquier operación comercial por parte de la promotora.
Hace más de un año también recurrió la concesión del final de obra otorgada por el Consell.