Solidaridad.
IBIZA | ALBERTO FERRER
La Fundació Deixalles ya no admite más casos de personas en riesgo de exclusión social por falta de fondos. La deuda de la conselleria de Trabajo con esta organización, la única que se ocupa de la inserción laboral de este colectivo tras una primera etapa que atiende Cáritas, complica las contrataciones de los monitores de sus talleres ocupacionales o los técnicos sociales que necesita para el seguimiento individualizado de cada caso.
Por eso el primer paso ha sido el de reducir gastos de la única manera posible: eliminando prestaciones. Si en todo el año pasado se admitió a 80 usuarios en su proceso de capacitación laboral, hasta septiembre de este año la cifra se ha reducido –intencionadamente– a 31 personas. Otras 35 se han quedado en lista de espera, aunque se trata de casos en los que la intervención no admite demoras. La responsable de Deixalles en Ibiza, Flor Dell´Agnolo, apunta que en el primer semestre del año se habilitaron 20 plazas. Por su situación económica, en el segundo semestre se han visto obligados a admitir sólo 12.
Hay que recordar que cada usuario percibe unos ingresos de 600 euros mientras trabaja en los talleres ocupacionales para que puedan asegurar un mínimo su sostén. Dell´Agnolo añade que «ninguna ayuda» de las que venían recibiendo por cada uno de ellos «ha cubierto nunca el total de la ´beca´ que les asigna la fundación».
En Ibiza, donde la implantación de la fundación es reciente, el objetivo viene siendo el de poder cuadrar el balance a final de cada año: «No perder ni ganar nada; que los beneficios cubran los gastos», según su responsable. Esto se ha logrado desde su implantación en la isla, en 2003, pero este año será más complicado porque de los alrededor de 600.000 euros a que asciende su presupuesto de 2009, a día de hoy los ingresos previstos hasta final de año son 493.000 euros (107.000 euros de déficit, que alcanza un 17% del presupuesto).
Dependencia de las subvenciones
La situación es «mala» en Ibiza, donde la dependencia de las subvenciones es mayor que en Mallorca: «Un 75 por ciento del presupuesto procede de ayudas y el resto se obtiene a través de las donaciones por objetos de segunda mano», explica Dell´Agnolo. Pero también está afectando en Mallorca, donde coincide con un descenso en sus ingresos propios: «Entran menos escombros de obra y residuos voluminosos en las plantas de tratamiento que explota Deixalles y los ayuntamientos contratan menos servicios de recogida» en la mayor de las Balears, lo que también repercute en sus delegaciones.
Los problemas económicos que padece la entidad tanto en Ibiza como en Mallorca arrancan el año pasado. La organización optaba anualmente a las subvenciones para los denominados Itinerarios Sociales de Inserción, que no se pagaron en 2008, con el consiguiente ´agujero´ económico para sus arcas, porque anticiparon el dinero contando que lo recibirían como hasta entonces. Pero el problema se agrava en 2009 porque la organización pensó que sería capaz de obtener ese dinero por otras vías alternativas –por lo que apostó por mantener su programa de capacitación sociolaboral y, por tanto, los gastos– y no lo ha logrado.
Uno de los mayores golpes que se han llevado en sus expectativas para el 2009 ha sido el retraso en la aprobación del decreto que fijaba ayudas económicas a las empresas de inserción –sólo existen dos acreditadas en Balears–, que debía realizarse en este año pero parece que eso no sucederá antes de 2010. Por eso la previsión es de cerrar el año «con un déficit muy importante».
Dell´Agnolo confía en el reconocimiento de la labor que realizan por parte de los ayuntamientos y el Consell en la Mesa contra la Exclusión Social y espera que se traduzca en un apoyo económico al trabajo que desarrollan. Si esas ayudas no se concretan, el circuito para reinsertar a las personas con problemas de exclusión en las islas se quedará sin la última etapa, la que les permite recuperar una vida –y un empleo– normalizado a los ciudadanos en dificultades, acompañándoles hasta que se valen por sí mismos: «Nuestro trabajo beneficia a todos los ayuntamientos y no hay nadie más que lo haga», asegura la responsable de la Fundació Deixalles.