Tribunales.
FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
El Consell de Formentera deberá iniciar en el plazo de 10 días el expediente de demolición de los tres edificios (sin ocupar) que forman el centro comercial Sant Ferran, situados en el radio de influencia de protección del conjunto histórico de esta localidad, en el solar conocido como Ca ses Castellones. La providencia de la sala segunda de lo contencioso administrativo del TSJB hace firme la sentencia dictada a principios de este año, que anula el acuerdo del Ayuntamiento de Formentera del 27 de abril de 2005, cuando gobernaba el tripartito PP-GIF-PREF. En esa fecha el entonces alcalde, Juanma Costa, firmó la licencia de obras del citado proyecto urbanístico. La resolución judicial obliga a la Administración insular y a la empresa promotora, Plaça Sant Ferran S.L., a la «reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras, al amparo de la licencia anulada».
La providencia del TSJB, del pasado 13 de octubre, establece la firmeza de esa sentencia y dice que el Consell de Formentera debe llevar «a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo». Al mismo tiempo exige al Consell que, en el mismo plazo, notifique a ese juzgado «cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia» y advierte de que transcurridos «tres o dos meses», según las derivaciones económicas, «cualquiera de las partes y personas afectadas podrán solicitar la ejecución forzosa de la sentencia».
La sentencia que debe ejecutar el Consell es el resultado de un contencioso interpuesto por el arquitecto ibicenco Salvador Roig, con despacho en Formentera.
Quiebra de la institución
Ante esta providencia el conseller de Urbanismo, Bartomeu Escandell, que se encontraba ayer en Palma negociando con el Ibavi la compra de un solar para una promoción de viviendas de protección oficial, manifestó: «El equipo de gobierno se ha encontrado con este complicado caso heredado, ya que data del mandato de 2005, y lo que nos preocupa no es el fondo de la sentencia sino las consecuencias económicas que se derivan». En este sentido dijo que podría suponer «la quiebra de la institución», por las elevadas indemnizaciones que la promotora puede pedir. Escandell subrayó que «las sentencias están para ser cumplidas», aunque la Administración tiene que «velar por los intereses económicos de la institución».
El conseller expresó su «extrañeza» por el hecho de que la sentencia sólo apunte al Consell como responsable y recordó que, en 2005, la decisión del equipo de gobierno municipal estuvo avalada por un informe favorable de la Comisión insular de Ordenación del Territorio y del Patrimonio Histórico Artístico del anterior Consell de Ibiza y Formentera, basada en un informe del Consell Consultiu del Govern balear. Escandell avanzó que el Ejecutivo insular estudia, en estos momentos, «la implicación de estos organismos» para repartir responsabilidades.
Escandell indicó que uno de los motivos del retraso de la modificación de las normas urbanísticas que se llevarán a pleno en noviembre y cuyo avance fue aprobado en diciembre de 2008 es la incorporación de los respectivos planes especiales de protección (PEP) de los conjuntos históricos que afectan al radio de 250 metros de las iglesias de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola, «para que estas situaciones no se repitan».
La promotora pedirá indemnizaciones. Pitiusas y Baleares
