PALMA | EUROPA PRESS
El Govern y el Gobierno central negocian el traspaso de las competencias de Justicia bajo el criterio de que tendrán un coste efectivo anual de 55 millones de euros, cuatro más de los 51 millones que se consideraban hasta ahora, lo que supone un repunte del 9%. Sin embargo, la negociación no está cerrada y la Comunitat aún no ha dado su conformidad.
Así lo manifestó la nueva consellera de Interior, Pilar Costa, durante una comparecencia en el Parlament para informar sobre la situación del traspaso de competencias en materia de Justicia, quien apuntó que «ha habido avances», aunque cerrar el acuerdo depende de la obtención de una dotación presupuestaria «razonablemente suficiente» para desempeñar esas funciones.
En opinión de Costa, «hay motivos para un prudente optimismo», a pesar de que recordó que el momento económico no es adecuado para conseguir un traspaso en las mejores condiciones posibles y, de hecho, aseguró que la negociación con el Estado «entra en una fase decisiva», dada la voluntad mostrada por ambas partes; a falta de aclarar las cantidades que se dedican a personal, equipos e infraestructuras.
Por su parte, el parlamentario del PP José María Rodríguez consideró «imposible de sufragar» el traspaso de la Justicia por 55 millones al año y recordó que según un estudio encargado durante la pasada legislatura, la gestión de esas funciones públicas no se podría realizar por menos de 60 millones de euros anuales.