Un técnico se niega a hacer el peritaje del ´caso Cretu´ sin cobrar un adelanto

IBIZA | E. RODRÍGUEZ La instrucción penal del ´caso Cretu´ se encuentra paralizada desde hace meses a la espera de que se practique una prueba pericial, solicitada por el Ministerio Fiscal con el apoyo de la acusación popular, que ejerce el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), para determinar los posibles daños sobre la fauna y la flora de la construcción de la mansión del músico rumano en un espacio protegido de Santa Agnès. El fiscal considera que la edificación de la casa podría suponer un delito contra el medio ambiente, por lo que solicitó hace ya más de un año un peritaje del impacto de la construcción sobre su entorno natural.

El perito designado comunicó al Juzgado de Instrucción número uno que no podía llevar a cabo la diligencia solicitada si previamente no se hacía una provisión de fondos para cubrir los gastos. Así, el juez instructor, Juan Carlos Torres, dictó un oficio el pasado 30 de marzo, a instancias del fiscal, en el que solicitaba a la gerencia territorial del Ministerio de Justicia que cubriera la provisión de fondos solicitada por el perito para que se pudiera practicar la prueba. Ante la falta de respuesta, el 22 de junio el juez tuvo que reiterar a la gerencia territorial del Ministerio la misma solicitud.

El pasado 12 de agosto el juez comunicaba a las partes que había recibido respuesta vía telefónica por parte del personal de la gerencia territorial de Justicia, en la que le informaban de que en las causas penales «no se satisfacen los honorarios de los peritos, aunque la prueba la haya solicitado el Ministerio Fiscal, porque no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta que no recaiga sentencia firme con insolvencia del condenado o en caso de sobreseimiento o archivo». El Ministerio de Justicia señala que estos son los dos únicos casos en los que la Administración satisface los honorarios a los peritos y que en cualquier otro caso quien abona estos honorarios es la parte que sea condenada al pago de las costas.

Carencia de medios materiales
Ante esta situación, el juez dictó una providencia el 17 de agosto, en la que instaba a las partes (Fiscalía y acusación popular) a que solicitaran lo que considerasen «oportuno y útil» para la práctica de la prueba pericial técnica acordada, sin descartar incluso la posibilidad de que no se efectúe por «carencia de medios materiales por parte del perito inicialmente nombrado». El juez también pedía a las partes que se pronunciasen sobre lo que proceda para cerrar la instrucción y formalizar acusación o solicitar el sobreseimiento de la causa. El ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur, el músico Michel Cretu y el aparejador municipal figuran como imputados.
Eduard Clavell, abogado del GEN, ha solicitado al instructor que el juzgado remita un oficio al Govern balear para que técnicos de la conselleria de Medio Ambiente, el Ibanat o la Red Natura 2000 emitan la prueba pericial solicitada.