IBIZA | REDACCIÓN
La organización ecologista Greenpeace ratificó ayer la denuncia realizada contra el proyecto del nuevo puerto de Ibiza en la zona de es Botafoc insistiendo en que las obras provocarán un «grave impacto ambiental». Los ecologistas salen al paso de la información divulgada este fin de semana por la Autoridad Portuaria, en la que descalifica el informe de Greenpeace ´Destrucción a toda costa 2009´, que hace referencia a esta iniciativa portuaria advirtiendo sobre el daño que provocará en el entorno. El organismo portuaria advirtió trece imprecisiones en este estudio.
Los ecologistas, por su parte, replican acusando al organismo portuario de «preocuparse más por los intereses de unos pocos que por el medio ambiente de la isla», y aseguran, en un comunicado de prensa, que su estudio «se basa en referencias bibliográficas de diferentes instituciones, organizaciones sociales o de medios de comunicación e incluso del propio Govern balear». «Según estas fuentes –agrega la nota de los ecologistas–, los trabajos ocasionarían un daño para el medio ambiente sin precedentes en la historia de la isla».
Greenpeace insiste en el comunicado en los argumentos que ya aportó para oponerse a este proyecto, que prevé una plataforma y dos muelles que ocupan una superficie de 75.000 metros cuadrados en el espejo de aguas delimitado entre el puerto deportivo de Marina Botafoch y el dique del mismo nombre. Además, se construirá una estación marítima y todavía no se ha definido la solución para la salida del tráfico rodado hasta la red viaria de la isla.
«La ampliación del puerto de Ibiza –agrega el comunicado– implica un serio impacto ambiental, tanto por sus efectos directos contra una especia protegida nacional e internacionalmente como es la posidonia oceánica, como por los indirectos, derivados de la contaminación provocada por la actividad del puerto». Los ecologistas recuerdan que «el propio Comité del Patrimonio Cultural de la Unesco ha solicitado al Estado español la paralización de la obra por los posibles daños a los ecosistemas marinos».
«No nos sorprende este tipo de reacciones por parte de la Autoridad Portuaria», señala Juan López de Uralde, director de Greenpeace España; «especialmente cuando la propia Administración pública promueve proyectos de obra civil en los que se distorsiona su necesidad real y que supone grandes beneficios económicos para unos pocos a la vez que se infravalora el grave impacto ambiental que se va a ocasionar», añade el portavoz de los ecologistas.