Los tribunales avalan la subida de la tarifa del agua de Vila de 2004

IBIZA | E. RODRÍGUEZ La magistrada del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma, Sonsoles Lloría, ha desestimado el recurso presentado por Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en Vila, en contra de la subida aprobada por el pleno hace cinco años. El Ayuntamiento de Ibiza acordó en agosto de 2004 aumentar la tarifa del agua una media del 16 por ciento debido al incremento del precio en alta aplicado por el Ibaen, la empresa balear de suministro de agua dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente.

Aqualia reclamó entonces un aumento mayor y, ante la oposición del Consistorio, acabó interponiendo un recurso contencioso administrativo en el juzgado. El Ayuntamiento alegaba ante la jueza que el recurrente pretendía «una subida desproporcionada de las tarifas por el abastecimiento del agua y alcantarillado con el pretexto del incremento del coste de la compra de agua [al Govern balear] y sin justificar el supuesto desequilibrio económico de la concesión».

La jueza justifica que la prueba pericial practicada concluye que no queda acreditado el desequilibrio económico que Aqualia alega, en contra del estudio justificativo del coste unitario del servicio presentado por la empresa.

Cabe tener en cuenta, apunta la sentencia, que el perito judicial no pudo verificar los costes del servicio ya que Aqualia no le facilitó la documentación necesaria pese a que fue requerida para ello. Así, el fallo judicial concluye que la revisión de precios del año 2004 restablecía el equilibrio económico de la concesión del servicio de agua de Aqualia y, por tanto, es «conforme a derecho». La sentencia, sobre la que cabe un recurso de apelación, no condena a la empresa recurrente al pago de las costas.

El teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, destacó que el resultado del proceso judicial es «muy bueno para todos», puesto que si la jueza hubiera dado la razón a Aqualia seguramente se debería aumentar el precio de la tarifa del agua «con carácter retroactivo», con «graves consecuencias para los ciudadanos».