PALMA DE MALLORCA | EFE
La cifra de asuntos judiciales pendientes al final del primer semestre de este año ha aumentado un 30 por ciento, hasta los 79.036, con respecto al mismo periodo de 2006, incremento que según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares responde a la "importante" subida de asuntos registrados, debido a la crisis.
Entre los asuntos registrados, los de jurisdicción social -en los que se tramitan, entre otras cosas, las causas por despido- han sufrido un incremento del 77 por ciento desde 2006 (hasta los 4.343), aunque siguen siendo los de jurisdicción penal los más numerosos, con un total de 77.884 en estos primeros meses del año.
Los datos generales de Baleares durante estos primeros seis meses del año hechos públicos hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares con motivo del acto de apertura del nuevo año judicial en las islas ponen de relieve también un aumento del número de asuntos pendientes de inicio (70 por ciento) desde 2006.
Los asuntos registrados también han experimentado una ligera subida (12 por ciento), en la misma línea que el de los resueltos (14 por ciento).
La tasa de litigiosidad ha ascendido en estos primeros seis meses del año a los 205 asuntos por cada 1.000 habitantes, una cifra que coloca a las islas en el quinto lugar, por encima del promedio nacional (196 asuntos por mil habitantes).
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) reconoce en este balance de inicio del año judicial que la planta judicial balear ha observado un aumento por encima del 10 por ciento en el número de jueces entre 2004 y 2008, pero advierte de que dada la carga de trabajo que existe es "insuficiente".
El TSJIB subraya en este sentido la "insuficiencia generalizada de los edificios" en todos los partidos judiciales de Baleares (Palma, Manacor, Inca, Ibiza, Mahón y Ciudadela) y que el juzgado penal de ejecutorias de Palma continua "extraordinariamente sobrecargado" a pesar de haber ampliado su plantilla.
Aunque la proporción entre población y número de jueces en las islas es de las más altas del Estado con 11 magistrados por cada 100.000 habitantes, "dista mucho" de la "auténtica realidad" balear, en la que según el TSJIB, se ha de tener en cuenta la población flotante, la inmigración y la multinsularidad.
El máximo órgano judicial de Baleares recuerda que existe el compromiso de varias soluciones en materia de instalaciones y edificios como la nueva planta judicial de Ibiza, Manacor, Inca y Ciudadela o las obras del nuevo edificio de Mahón pendientes de iniciarse, pero lamenta que sólo serán efectivas a largo plazo.
En este sentido, el TSJIB reclama soluciones provisionales y de acuerdo con la diseminación y el agotamiento del espacio en todos los edificios judiciales.
El caso del Juzgado penal de ejecutorias de Palma es analizado aparte por el TSJIB que insiste en que presenta "anomalías severas dado que su localización fuera de la sede del órgano acarrea dificultades de operatividad muy preocupantes".
La recomendación del TSJIB es la creación de otro Juzgado de esta clase o su reconversión en Servicio común de ejecutorias.
Otra de las necesidades judiciales de Baleares es la ampliación de las Secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma. En la capital balear, según el TSJIB, son precisos nuevos juzgados de Primera Instancia, de lo Social y de lo Mercantil.
En Ibiza, la carga actual exige un nuevo Juzgado de Primera Instancia, y la Sala de lo Social del TSJIB reclama un tercer magistrado para poder funcionar de forma autónoma como tribunal.
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