PALMA | FELIPE ARMENDÁRIZ/M.MANSO
El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, abortó el pasado junio la denuncia que los fiscales anticorrupción de Balears, Juan Carrau y Pedro Horrach, pensaban interponer contra el ex president del Govern del PP Jaume Matas por presunto cohecho, derivado de la compra, supuestamente por un precio muy inferior al de mercado, de su casa en la calle Sant Felio, conocida popularmente como «el palacete».
Las diligencias informativas de la fiscalía sobre el patrimonio de Matas unidas al sumario del caso Palma Arena revelan una severa división en el seno de la fiscalía, puesto que ni el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ni Bartolomé Barceló ven «dato concreto alguno» contra el antiguo dirigente conservador, mientras que los fiscales anticorrupción le acusan de cobrar sobornos en especie.
A finales de abril pasado Carrau y Horrach pidieron más tiempo para que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria pudieran seguir investigando los supuestos incrementos patrimoniales no justificados de Jaume Matas y su esposa Maite Areal, así como un presunto entramado de cobro y blanqueo de comisiones pagadas al president y al PP por contratistas de obras públicas licitadas por el anterior Govern y otros empresarios.
Anticorrupción contaba con hasta 5 denuncias anónimas y aportaba una serie de indicios contra Matas y su entorno.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, emitió un decreto el 19 de mayo archivando las pesquisas de Anticorrupción sobre Matas y contra el cuñado de éste, Fernando Areal, ex gerente del PP de Balears.
Carrau y Horrach reaccionaron al frenazo dado por Pumpido redactando una denuncia contra Matas, su mujer, y cinco personas más, a las que imputaba un presunto cohecho de casi un millón y medio de euros, la diferencia entre los 950.000 euros que el presidente pagó en 2006 por su casa de la calle Sant Felio, y la tasación que la Agencia Tributaria había efectuado de dicho inmueble: casi 2,5 millones de euros, a precios de mercado. La denuncia llevaba fecha de 11 de junio.
Once días después, el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, abortó la denuncia contra el matrimonio Matas y sus presuntos cómplices asumiendo él personalmente las diligencias sobre el ex presidente y apartando a Carrau y Horrach del caso.
Hace unos días, y después de que el juez José Castro decidiera incorporar al sumario del Palma Arena las pesquisas de Carrau y Horrach, el fiscal general del Estado, pese a la opinión del Consejo Fiscal expresada en julio, confirmó la decisión de Barceló. Esta postura de Conde Pumpido ha causado un fuerte malestar en la fiscalía palmesana.
La denuncia frustrada postulaba que la empresa que promovió la compra de la antigua casa señorial de la calle Sant Felio, su división en varias viviendas, su reforma y la venta de estas casas, ofreció a Matas «un precio manifiestamente inferior al de mercado», una rebaja que constituiría «una dádiva o regalo en especie». Fuentes próximas a los promotores han señalado que la casa en 2004 estaba muy deteriorada, no tenía ni baños y que Matas aplazó el pago de los 950.000 euros en dos años. «El precio era por la casa sin reformar y no se puede comparar con el valor una vez arreglado el inmueble», aseguran.
En la denuncia no interpuesta se aporta una segunda tasación del perito arquitecto Rafael Balaguer, que eleva el valor de mercado de la casa de casi 630 metros cuadrados de Matas en 2,86 millones de euros. Los fiscales anticorrupción mencionan también que Matas en octubre de 2006, cuando habría recibido la dádiva, era president del Govern y del PP de Balears. También afirman que sociedades de uno de los dos promotores de la reforma de la casa señorial tuvo contratos con organismos autonómicos y ayuntamientos del PP.