IBIZA | R. S.
En el año 2002 los medios de comunicación de la isla se hicieron eco de las denuncias relacionadas con las viviendas ilegales en la zona de Can Castelló, en Santa Eulària.
El 7 de febrero el portavoz de la oposición en el municipio, Carlos Salinas, denunció que el Ayuntamiento dirigido entonces por el alcalde Vicente Guasch Tur no había inspeccionado las viviendas de nueva construcción de la empresa Vista Golf.
«Las casas aumentan de superficie y de volumen sin explicación aparente», denunciaban entonces los progresistas, que decían que había viviendas que pasaban de tener 110 metros cuadrados a 215 «por arte de magia».
El 4 de mayo de 2002 el Colegio de Aparejadores de las Pitiusas inició una investigación para aclarar las posibles actuaciones irregulares de los compañeros que participaron en el proyecto de construcción de las viviendas de Can Castelló.
Trama de obras ilegales
El 7 de mayo Diario de Ibiza denunció una supuesta trama que impulsaba obras ilegales en Santa Eulària, en las que intervenían la misma vendedora, la misma inmobiliaria y el mismo aparejador.
Dos días más tarde el Ayuntamiento de Santa Eulària confirmó que se habían abierto siete expedientes de infracción urbanística contra otras tantas viviendas que estaban construyéndose sin licencia en Can Castelló, varias de las cuales ya habían sido precintadas por la Policía Local.
A finales del mes de octubre de 2002 el Consistorio aprobó iniciar los expedientes de anulación de las siete licencias de obra menor en las que se amparaban las obras de Can Castelló, una vez que la Fiscalía de Ibiza presentó una denuncia e inició sus investigaciones.
Ayer, siete años después, tres acusados se sentaron en el banquillo, en un juicio que necesitó varias veces del empleo del sistema de videoconferencia, puesto que algunos testigos ya no se encuentran en la isla.
Los afectados llevan todo este tiempo esperando que alguien se haga cargo de las indemnizaciones, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia.