El fiscal pide la demolición de las viviendas ilegales de Can Castelló

IBIZA | R. S. El representante del Ministerio Público solicitó en una vista oral celebrada ayer en en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza la demolición de las viviendas construidas o ampliadas presuntamente de forma ilegal en la zona de Can Castelló, en Santa Eulària, en 2002. Siete años después de los hechos se sentaron en el banquillo de los acusados el hombre que adquirió el bloque de casas ya construidas, el holandés K. V. M., el promotor y constructor, el español M. V. D., y el que fuera arquitecto municipal del Consistorio de la Villa del Río, el aparejador ibicenco V. M. M.

El fiscal Mario López solicitó la misma pena para K. V. M. y M. V. D., a los que acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319 del Código Penal: tres años de prisión, una multa de 72.000 euros para cada uno de ellos (20 meses con una cuota diaria de 120 euros) y la inhabilitación durante tres años para los cargos de aparejador y constructor, respectivamente.

Para el otro acusado, V. M. M., el fiscal no pidió pena de prisión pero sí el pago de una multa de 32.400 euros (nueve meses con una cuota diaria de 120 euros al día). Además, el representante del Ministerio Público solicitó que el ex trabajador del Ayuntamiento de Santa Eulària sea inhabilitado durante nueve años para ejercer cualquier cargo público.

El abogado defensor de K. V. M., Gabriel García, recordó que su cliente compró dos fincas con las viviendas que estaban construidas entonces en el año 1990, doce antes de que se produjesen las presuntas ampliaciones ilegales de algunas de las casas. «K. V. M. nunca ha sido promotor de ninguna obra», alegó el letrado en sus conclusiones, y derivó la responsabilidad hacia los otros dos acusados después de recordar que ninguno de los testigos que se presentaron a la vista oral (estaban citados 15) conocía a su cliente.

La abogada de M. V. D., Ascensión Joaniquet, pidió también la absolución de su cliente y recordó que no es más que un constructor que «no hizo ninguna obra y que no fue el promotor de las ampliaciones», según su alegato.

El tercer letrado presente en la causa, José Zafortera, cerró con su alegato el juicio, que se alargó por más de cuatro horas, y pidió asimismo la absolución de su defendido. «El aparejador emitió tres informes en agosto de 2001 conformes a la estructura que había en ese momento, él no podía prever el futuro», comentó antes de recordar con ironía que «nadie ha estado nunca en Can Castelló».

Entre los testigos citados destaca la declaración del que fuera alcalde de Santa Eulària durante 28 años, Vicent Guasch Tur. «Sí es posible que hiciesen obras mayores con licencia de obras menores», comentó el ex alcalde, que recordó que envió a la Policía Local en 2002 a precintar la obra cuando el Consistorio se enteró de las posibles irregularidades.

En el juicio declararon asimismo cuatro de las personas que compraron viviendas en Can Castelló, que llevan siete años pagando hipotecas sin poder disfrutar de sus casas y que ahora pueden ver cómo son demolidas, si la juez Martina Rodríguez dicta una sentencia acorde con la petición del Ministerio Fiscal.

«No sabía que era un terreno protegido», comentó uno de los afectados. El fiscal recordó en varios momentos del juicio que las viviendas se construyeron sobre un torrente y en un área natural de especial interés. «Pensábamos que era suelo urbano y que podríamos invertir para ganar dinero», comentó otro de los afectados.

Los dos guardias civiles que testificaron ayer en el juzgado de Ibiza coincidieron en señalar que las viviendas se construyeron en un entorno rural y sobre un torrente. «Efectuamos un reportaje fotográfico, una inspección ocular y un informe técnico», recordó uno de ellos.

Torrente y zona protegida

Aparte de la declaración de una compañera de trabajo del que fuera aparejador en el Ayuntamiento de Santa Eulària gran parte del juicio se centró en los informes técnicos de siete peritos. «El elaborado por el Estado es el oficial y dice que la construcción se hizo sobre un torrente en un suelo agrario-ganadero y en una zona especialmente protegida», recordó el fiscal.

Sin embargo, los peritos citados por la defensa aportaron informes bien diferentes. «No había un torrente sino una depresión orográfica», explicó uno de ellos, que añadió que en aquellos años «existía una cartografía antigua y casi anacrónica».

«Era una zona de antiguos bancales de cultivo, no una torrentera», dijo otro perito. «Era un núcleo consolidado por la reagrupación de las edificaciones», añadió otro experto. «Difícilmente se puede legalizar en el cauce de un torrente», replicó un ingeniero de la Dirección general de Recursos Hidrícos.

Los tres acusados negaron su implicación en los hechos. Sin embargo el fiscal López se encargó de recordar que «todo el mundo miraba para otro lado y nadie se percataba de lo que estaba pasando: una ampliación en toda regla», concluyó.