PALMA | EUROPA PRESS
El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, se sentará en el banquillo de los acusados a partir de mañana para ser juzgado por un tribunal popular, presidido por el magistrado Carlos Izquierdo, en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Balears por la presunta malversación de 50.804 euros procedentes de las arcas públicas, y que entre 2006 y 2007 efectuó el ex edil en clubes de alterne masculinos y casas de masajes.
En concreto, el Ministerio Fiscal solicita para el ex regidor del PP cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como su inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años, tal y como indica en su escrito de acusación, y en el que recuerda que cuando el encausado tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento judicial reintegró al Consistorio la cantidad desviada.
No obstante, la defensa de De Santos, ejercida por el abogado José Ignacio Herrero, alega como atenuante la reparación del daño producido, además de haber actuado así debido a su «grave» adicción a la cocaína y haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él, a confesar la infracción ante las autoridades.
El juicio dará comienzo a las 10 horas con la constitución del tribunal del jurado, tras la cual las partes explicarán el contenido de sus calificaciones y la finalidad de sus pruebas, para después proceder al interrogatorio del acusado. Por la tarde está previsto que comparezcan nueve testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos la contable de la empresa municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), Leonor Alomar, el propietario del local Casa Alfredo, Alfredo Gómez, el encargado de este establecimiento, Deyan Delchev, y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Mientras tanto, el martes se reanudará la sesión con la declaración de los testigos propuestos por la defensa y se llevará a cabo la prueba pericial con la presencia, entre otros, de varios médicos y un psicólogo forense, y por la tarde se realizará la prueba documental y se expondrán los informes de las partes.
La acusación pública postula que cuando De Santos era concejal y presidente del EMOP, se aprovechó de sus cargos para realizar «en su exclusivo beneficio particular» gastos privados mediante una tarjeta visa municipal, entre ellos 48.817 euros en una casa de masajes, 880 en un club de alterne y 350 en una sauna, efectuados entre las 12,00 y las 7,00 horas, fuera del horario de su función pública.
Así, en el local de masajes Casa Alfredo el encausado efectuó un total abono entre enero y octubre de 28.468 euros, que enmascaró como servicios de «consulting de relaciones públicas y asesoramiento de imagen» para evitar reparos de los servicios de intervención municipales, pese a que este extremo es negado por su abogado, al afirmar que De Santos no indicó que estos gastos constasen bajo esta denominación sino que lo realizó la gerente del EMOP, con posterioridad a que fuese cesado en su cargo.
De Santos también será juzgado los días 5, 6 y 7 de octubre, en este caso por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, acusado por un delito de presuntos abusos sexuales a menores de edad. La Fiscalía pide 24 años de cárcel.