El traspaso en Justicia se retrasa por la crisis

PALMA | EUROPA PRESS El conseller de Presidencia del Govern, Albert Moragues, achacó ayer el retraso en el traspaso de las competencias de Justicia a Balears por parte del Ejecutivo central al «conflicto interno» que mantienen el Ministerio y los jueces, así como al «importante problema presupuestario» que padece el departamento dirigido por Francisco Camaño.

Cuando se lleve a cabo el traspaso de competencias el Ejecutivo autonómico no sólo pretende mejorar los 25 juzgados de lo penal existentes en Palma sino que se reservarán espacios para doce juzgados más en Mallorca. Asimismo, se reservarán seis juzgados en Ibiza, cuatro en Manacor, cuatro en Inca, tres en Mahón y tres en Ciutadella.

En una rueda de prensa Moragues admitió que desconoce cuándo se producirá la transferencia de estas competencias, teniendo en cuenta que Camaño aún no ha respondido al informe que el Govern le envió el pasado mes de mayo en el que se cifraba en 121 millones de euros la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella y Ibiza (96,5 millones) y la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón (24,4 millones) para responder a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en un plazo de entre 20 y 25 años.

«Supongo que el Ministerio nos avisará para retomar las negociaciones», indicó el conseller, quien recordó que Justicia prevé que la transferencia de las competencias de justicia a Balears sea efectiva en 2010, aunque se puede retrasar, en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso.

De momento, Moragues consideró «importante» el compromiso del Ejecutivo central de destinar en los próximos tres años 600 millones de euros para mejorar todas las estructuras judiciales del Estado, desde el punto de vista informático y de medios, lo que, a su juicio, contribuirá a «facilitar» la resolución de los «dos grandes problemas» del Ministerio, en referencia a la falta de presupuesto y al «conflicto aún no resuelto» que mantiene con las asociaciones de jueces, que reclaman más medios al Gobierno.