Un informe de la Agencia Tributaria elaborado a petición del juez José Castro describe irregularidades de carácter técnico-jurídico en buena parte de las contrataciones, adjudicaciones y ejecuciones de obra. El documento lo redacta una arquitecta de Hacienda y ha sido incluido en el sumario del caso. Su contenido puede ser determinante a la hora de determinar las responsabilidades de los cargos políticos implicados en el Palma Arena. La comisión encargada del desarrollo del proyecto debería haber contado con un técnico arquitecto o ingeniero que actuara como representante de la Administración en los contratos que tenían que licitarse. Su asesoramiento en el cumplimiento de la legislación administrativa vigente hubiera evitado el rosario de irregularidades posterior. Esa comisión, cuyas competencias se diluyeron, debería haber determinado, al menos, «qué se pretendía construir, cuándo, cómo, dónde y su financiación», destaca la Agencia Tributaria.