La constructora facturó trabajos inexistentes y duplicó los costes

MANSO/MESTRE/FERRER. PALMA. Una persona enfrascada en la construcción de su vivienda no suele tolerar que el albañil le cobre dos veces por unos ladrillos, le cargue el precio de la hormigonera nueva o le cuele una chapuza jamás ejecutada. Pero en el velódromo todo era posible.

La Policía ha hallado en la sede de la Unión Temporal de Empresas constructoras (UTE), integrada por FCC y Melchor Mascaró, facturas que jamás deberían haberse librado al erario público. Al menos, eso es lo que sostienen los agentes y el informe pericial de un arquitecto, incorporado al sumario del Palma Arena. Estas aparentes irregularidades ascienden a 13,5 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas. El caso Túnel de Sóller precipitó la caída del ex president Gabriel Cañellas por un cohecho de 50 millones de pesetas.

En el velódromo donde los responsables políticos no leían papeles se consintió a la constructora cobrar por la demolición de un pilar que ni constaba en el proyecto ni, al parecer, existía en el solar. Así lo indica el informe pericial. La ´dolorosa´ que se pasó al consorcio público: 22.612 euros.

Las empresas necesitaron un grupo electrógeno de hasta 100 kilovoltios, posiblemente para ejecutar las obras durante la noche. También consumieron agua durante el transcurso de la edificación. El arquitecto encargado de analizar las cuentas del velódromo entiende que se trata de gastos generales a cuenta de los constructores, que ya han computado cuando presentan el presupuesto. Sin embargo, los cargaron a la Administración. Agua y grupos electrógenos: 62.160 euros. A esta cantidad cabe añadir maquinaria diversa, como dos plataformas elevadoras eléctricas, por 42.000 euros.

Los ejemplos de gastos que deberían haber asumido las compañías y se achacaron a la Administración son abundantes. Por ejemplo, el coste de los guardias de seguridad encargados de velar por el material de la obra. La hora de este personal costó 45,77 euros, cuatro veces más del precio que suelen ingresar estos trabajadores.

Puntales a precios de oro

En cuanto a partidas ya incluidas en otros apartados, y por tanto, cobradas dos veces, destacan los 218.000 euros de unos puntales de gran sección de acero inoxidable. Su misión, sujetar la cubierta del velódromo. Los investigadores no los han encontrado. También se facturaron por dos vías distintas el transporte de unos asientos abatibles y su montaje.

También solía ocurrir que los costes se dispararan el doble de lo previsto sin razón. Dos paradigmas reveladores. El primero, de escasa cuantía, hace referencia al hierro empleado en la estructura de los ascensores. El metal se licita a 1,70 euros el kilo y luego se pasa un recibo a 3,80 euros, lo que implica una subida de casi del 125% sin justificación alguna, al menos eso es lo que dice uno de los peritos.

El segundo paradigma, esta vez mucho más caro, se refiere a la construcción de la cubierta del óvalo de la pista. Se licita de madera y Melchor Mascaró, única empresa que se presenta, se ofrece a elaborarla de hierro porque resultaba más barato y rápido. Al final, sucede al revés. Se adjudica por 2,3 millones de euros y se importa por 4,4.

Algo muy parecido a lo relatado con el hierro y la cubierta acontece con el pavimento flotante de las terrazas exteriores del edificio, cuya desviación del presupuesto inicial alcanzó los 40.000 euros, y también se repitió la operación con un muro de cortina de silicona, cuyo desfase roza los 332.000 euros.

La traca final de los desbarajustes descubiertos por los policías y el arquitecto encargado de la prueba pericial se refiere a la preparación de la parcela Can Domenge para su uso como aparcamiento para el personal autorizado del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, celebrado en 2007. Los constructores debían limpiar el solar, retirar la capa vegetal y nivelar el terreno, pero al perito no le constan estos trabajos. Algo similar sucede con otro aparcamiento situado al otro lado de la calle Uruguay para su uso como ´parking´ público. En total, los no aparcamientos costaron unos 160.000 euros.

La documentación incautada en la sede de la UTE también apunta a duplicaciones del IVAN o la no aplicación de la rebaja prevista en el concurso por un importe cercano a los 735.000 euros. Estas y otras supuestas irregularidades rondan los 13,5 millones de euros.