La jueza dicta prisión preventiva para el hotelero implicado

IBIZA | JOAN LLUÍS FERRER El hotelero de Santa Eulària Alberto Torres Marí, implicado en la trama del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, ingresó ayer en la cárcel de Ibiza después de que la jueza que instruye las diligencias, Margarita Robayna, ordenara la prisión provisional comunicada y sin fianza tras haber escuchado el día anterior su declaración durante dos horas.

De este modo, la jueza aceptó la petición hecha por el fiscal Antoni Torres, quien había solicitado la prisión preventiva sin fianza para el detenido. A la puerta de los juzgados, el fiscal explicó a los periodistas que había solicitado esta medida «únicamente con la finalidad de que se practiquen determinadas diligencias y no se interrumpa ni se entorpezca la investigación». «Una vez que se hayan practicado estas diligencias, se volverá a reconsiderar su situación procesal», añadió.

La familia de Alberto Torres consideró ayer «desmesurada», de un «rigor desproporcionado» y un «atropello» la medida de prisión sin fianza ordenada por la juez, ya que el empresario se había comportado en todo momento «con una decidida actitud de total colaboración con la justicia», aun a riesgo de «forzar la estrategia procesal de sus abogados y soportar los exabruptos del ministerio fiscal», según afirma en un comunicado difundido ayer, en el que considera «fuera de toda duda la inocencia» del detenido.

En una semana

El fiscal reiteró que la prisión preventiva sólo se ha decretado por el tiempo necesario para realizar unas diligencias «y nunca por considerar que haya peligro de fuga o peligro de reiterar el delito cometido ni nada».

Fuentes de la investigación agregaron que las diligencias a las que se refiere la Fiscalía consisten, básicamente, en la declaración de varios testigos relacionados con el caso. Dado que éstas se producirán a lo largo de esta semana, la duración de la prisión preventiva para Alberto Torres podría limitarse a sólo unos días, a menos que de las declaraciones efectuadas por dichos testigos se obtengan datos suficientemente reveladores que aconsejaran prolongar su estancia en prisión.

El Ministerio Público considera que el hotelero detenido este domingo podría haber incurrido en un delito de cohecho y en otro de tráfico de influencias al haber participado junto a Huerta en la promoción de la urbanización ilegal de Cala Molí, sabiendo que el entonces arquitecto municipal estaba impulsando este negocio, pese a no poder hacerlo por encontrarse en el municipio de cuyo ayuntamiento era arquitecto.

Alberto Torres, según las averiguaciones realizadas durante la investigación, cedió, traspasó o entregó directamente a Antonio Huerta la gestión y explotación de la urbanización de Cala Molí, después de que éste le hiciera ver que no podría obtener nunca autorización por ser legalmente inviable. En este contexto, el papel de la promotora peninsular Medi SL podría haber sido el de disimular la toma de control de Huerta sobre esta promoción inmobiliaria.

Por otra parte, la Fiscalía tampoco descarta que el ex arquitecto forzara al hotelero detenido a contratarlo a él o a su despacho para el diseño de otros proyectos fuera del municipio de Sant Josep. De hecho, el nombre de Huerta aparece también en la controvertida promoción inmobiliaria Pinar Golf, de Roca Llisa, consistente en un enorme edificio levantado en medio de unos terrenos rústicos y que en su día provocó las denuncias de los ecologistas.
La investigación ha acumulado ya un gran número de datos e informaciones sobre el funcionamiento de la trama dirigida por Huerta, aunque todavía quedan por analizar los discos duros de los ordenadores que han sido incautados a Alberto Torres.