Que los bomberos extingan un incendio ha dejado de ser siempre gratis. En los próximos días se publicarán las primeras aplicaciones de la tasa por la prestación de ese servicio, regulada desde principios del año 2006 pero que hasta el momento no había sido puesta en práctica. Eso sí, esa ordenanza fiscal reguladora, aprobada por el pleno del Consell el 7 de febrero de hace tres años, también incluye casos que no están sujetos a esa imposición, como los servicios «que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte considerable de la población» y en los casos de «calamidad o catástrofe pública declarada oficialmente».

Desde el Consell han comenzado a aplicar la tasa «suavemente»: «En la práctica –explica un técnico de la institución– , muchos casos quedan excluidos. Por ejemplo, en los que se considera que puede haber peligro para vidas humanas, automáticamente todos los de rescate de accidentes de tráfico, los de incendios en viviendas ocupadas, los que representan un beneficio para la población (que afectan, por ejemplo, a instalaciones de titularidad pública), o cosas que ocurren en la calle». En este último caso están incluidos los incendios de contenedores de basura: «No se lo vamos a cobrar ni al ayuntamiento correspondiente ni a la empresa que gestiona la retirada de basuras, pues consideramos que se apaga un incendio en un lugar que constituía un peligro para la población». De la misma manera tampoco se cobra por sofocar las llamas en un vehículo que está en la calle.

En los demás casos sí se ejecutará hasta las últimas consecuencias esa tasa, cuyas cuotas se especifican en la ordenanza. Por ejemplo, en los próximos días se publicará la que se aplicará por el rescate de un gato que molestaba al vecindario de un barrio de Ibiza y que llevaba días abandonado en el balcón de una vivienda. El rescate de la mascota costará al dueño 260 euros. Esa elevada cantidad se debe a que «se tuvo que llevar una autoescalera y un camión para acceder al balcón, además del personal suficiente para usar la escalera».

Precisamente, la ordenanza regula cada tarifa que hay que aplicar en estos casos, tanto por el servicio del personal como de los vehículos. Por hora o fracción de hora, se cobra una tarifa de 29,83 euros en el caso de un sargento, mientras que por un caporal baja a 23,68 euros y por un bombero, 21,96 euros. Para los vehículos, la tarifa se aplica tanto por kilómetro recorrido como por hora de funcionamiento. Por este último concepto, se abona 99 euros por las autobombas, 34,8 por el furgón de salvamento, 69 euros por la autoescalera automática, 63,7 por el transporte de personal y 23,44 por la unidad móvil de mando, cantidades a las que hay que sumar entre 0,4 euros y 3,42 euros por kilómetro recorrido dependiendo del vehículo empleado.

Aplicando esas cuotas, a los primeros ibicencos que pagarán próximamente por el servicio de bomberos les llegará una factura de 186 euros por la extinción de un cuadro eléctrico de obra de un edificio: «No estaba legalizado y se encontraba en una zona que no era propia de esa vivienda. No hemos considerado que fuera un peligro para los ocupantes», explicaron desde el Consell. Un establecimiento dedicado a la jardinería tendrá que abonar 257 euros por un servicio de extinción: «Realizó una quema de restos y luego, por la noche, se reavivó».

Pero la factura más cara será la que se aplicará por el trabajo que realizaron los bomberos para sofocar el fuego que se inició en una vivienda de un edificio desocupado. Al estar vacío, no se pusieron en peligro vidas, de manera que no saldrá gratis: la suma de las tarifas es de 1.126 euros.

El objetivo del Consell es, «a pesar de que es un cálculo muy preliminar», recaudar con estas tasas alrededor de 30.000 euros anuales. De momento llevan casi 2.000.

No obstante, existen numerosas exenciones del pago de los servicios prestados. Por ejemplo, si afecta «a sujetos que acrediten que sus ingresos no superan el doble del sueldo mínimo interprofesional» o que consten como «pobres de solemnidad» en el registro municipal, o aquellos servicios de «prevención» realizados para entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro con motivo de celebraciones de carácter popular.