Funcionarios de la prisión de Can Fita han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por considerar que la retirada de la valla de acceso a sus viviendas, situadas en las proximidades del centro penitenciario, atenta contra su seguridad y la de sus familias. Asimismo, creen que la decisión, que atribuyen al director de la institución, Manuel Vega, podría constituir «algún tipo de delito o falta» por haberse llevado un elemento que no es de su propiedad sin la autorización de la comunidad de vecinos.
En la denuncia, interpuesta en el cuartel de Sant Antoni el pasado domingo, se recoge que entre las 9 y las 11 horas del día 31 de julio el director, valiéndose para ello de cinco presos y personal de mantenimiento, retiró la valla –que llevaba cuatro meses bloqueada también por orden de la dirección, según los denunciantes– y la dejó apoyada en una pared.
Los funcionarios, que se sienten «amenazados», dicen que comunicaron la situación a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la Delegación del Gobierno, pero que no han obtenido respuesta.
Se da la circunstancia de que la medida se llevó a cabo un día después del atentado de ETA en Palma, que acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil. «No tiene sentido, hay un atentado y en lugar de incrementar la seguridad, la reducen», criticaron los trabajadores, que aseguraron que esta valla de acceso era la única medida de seguridad que hay en la complejo de viviendas donde reside una treintena de personas, ya que tampoco cuentan con cámaras de vigilancia en la zona. «Es una grave irresponsabilidad», comentaron, dado que ya no se puede controlar quién entra a este recinto –comentaron que ayer mismo había una furgoneta que no sabían a quién pertenecía–.
Además, aseguraron que el director de la prisión «no tiene potestad» para quitar este elemento porque la decisión debe adoptarse en la junta de la comunidad de usuarios, que él tan sólo preside pero en la que hay representantes de los vecinos. «La decisión debe tomarla este órgano porque es un tema de comunidad», apostillaron.
Más seguridad
Los funcionarios expresaron su malestar con la actitud de Vega en relación también a la instrucción que se dio el viernes por la tarde desde Madrid para aumentar las medidas de seguridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y entre los trabajadores de las prisiones. Aseguraron que hasta el lunes no les instó a que leyeran unos manuales de autoprotección que, según ellos, datan de «hace diez años».
En este sentido, en los cuarteles de la Guardia Civil de Balears se han extremado las medidas de seguridad restringiendo el acceso a sus inmediaciones y prohibiendo aparcar en sus alrededores, lo que fue confirmado por oficiales de Formentera aunque no ha trascendido si también se han aplicado las mismas medidas en el de Ibiza.
Este diario trató ayer sin éxito de hablar con el director de la prisión. Desde el centro penitenciario se remitió al gabinete de comunicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde ayer no se dio respuesta. De la misma manera, tampoco se consiguió hablar con la delegada insular de la Administración del Estado, Sofía Hernanz.
