IBIZA | E. R.
La Fiscalía considera de momento, a raíz de la información que le ha facilitado la conselleria balear de Obras Públicas, y teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que «no se aprecia mala fe» por parte del Grupo de Empresas Matutes al cobrar más de lo que le correspondía (en el depósito previo) por la expropiación de sus terrenos de Platja d´en Bossa afectados por las obras de la autovía, «sino un error flagrante de la Administración que se tiene que investigar».
El Ministerio Público ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, Juan Carlos Torres, que pida al conseller balear de Obras Públicas, Jaume Carbonero, un informe completo en el que explique los criterios que se aplicaron para cuantificar las expropiaciones de las fincas del Grupo Matutes afectadas por la autovía del aeropuerto y, entre otras cosas, cuándo y de qué modo tuvieron conocimiento de que se había pagado de más. De la misma manera, el fiscal pide al juez que reclame al Govern balear una relación de las fincas que fueron sobrevaloradas; en este caso, las de la familia del senador Pere Torres, Casetes.
El juzgado abrió, a instancias de la Fiscalía, una investigación por la denuncia presentada por una persona en representación de la Plataforma Antiautopista sobre el caso de Matutes, ampliada posteriormente después de que el conseller Carbonero asegurara en el Parlament que el ex ministro había cobrado dos veces por alguna finca que ya era pública. Matutes tuvo que devolver 3,5 millones y Torres, 238.875 euros.