El Consell saldará en julio con 7,5 millones de euros su deuda con empresas y asociaciones

El Consell anuncia que en agosto tendrá el contador a cero de morosidad. El conseller de Programación Económica, Tomás Méndez, explicó ayer que en julio la institución se va a poner al día de las deudas que mantiene con las pequeñas y medianas empresas y las entidades sociales, a lo que va a destinar 7,5 millones de euros. También dijo que el Govern aportará a las arcas de la institución ocho millones que le adeuda desde hace varios meses. Según el conseller, a finales de julio el Ejecutivo autonómico también saldará la deuda que mantiene con las ONG y que actualmente condiciona seriamente el pago de las nóminas de sus trabajadores.

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ El Consell de Ibiza saldará en julio con una aportación de 7,5 millones de euros la deuda reconocida y aprobada por el departamento de Intervención contraída con empresas proveedoras de servicios y asociaciones y entidades sociales en concepto de subvenciones. El conseller de Programación Económica, Tomás Méndez, explicó ayer en el pleno que en el próximo mes la institución «se pondrá a cero» en cuanto a débitos pendientes y que en agosto se alcanzará «un equilibrio en la morosidad».
No obstante, Méndez destacó que el tiempo que tarda el Consell en pagar sus facturas (una vez que Intervención da el visto bueno) no supera los 60 días de media, salvo en casos puntuales, que es el plazo que marca la ley y que ni el Govern balear ni las corporaciones locales cumplen, según el conseller. El conseller también anunció que en julio el Ejecutivo autonómico va a transferir ocho millones a las arcas del Consell que le adeuda desde hace meses.
El equipo de gobierno votó a favor de una propuesta del PP por la que se insta tanto al Consell como al Govern balear a que haga efectivo cuanto antes el compromiso adquirido con entidades sociales y asociaciones de vecinos. Méndez explicó que hace unos días el Govern balear le informó de que a finales de julio también abonaría la deuda que arrastra con estos colectivos y que condiciona seriamente el pago de las nóminas de sus empleados (es el caso de las ONG como Fundació Deixalles o Cáritas) y su actividad.
El conseller de Programación Económica explicó que en lo que llevamos de año el Consell ha pagado 10,9 millones en facturas a pequeñas y medianas empresas (5,3 millones), contratistas (dos millones de inversión), ayuntamientos y otras administraciones (algo más de un millón más) y subvenciones a asociaciones (2,3 millones más). Ahora, en julio, la institución destinará otros 7,5 millones para pagar sus facturas: dos millones a provedores, tres millones a contratistas, algo más de un millón a ayuntamientos y 800.000 euros en subvenciones.

Comisión de la morosidad
La próxima semana está previsto que empiece a funcionar la comisión de seguimiento de la morosidad, integrada por los dos grupos políticos y cuya constitución fue aprobada en el pleno del pasado 30 de abril. Méndez insistió una vez más en que en esta época de crisis el equipo de gobierno tiene que reducir aún más los plazos de pago de sus facturas al objeto de inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el conseller del PP Vicent Serra agradeció la actitud de «consenso» de Méndez, aunque criticó que el Consell mantenga una deuda de 2008 con el Ayuntamiento de Sant Antoni del plan de prestaciones básicas por valor de 180.000 euros («para cubrir necesidades básicas como comer y dormir», recordó Serra) y que ponga como «excusa» para no pagar que el Consistorio le debe 20.000 euros. Méndez justificó que no se ha satisfecho esta cantidad por una «cuestión legal»:«No se puede hacer efectivo ningún pago hasta que la Administración no está al día de sus pagos tributarios».
Por otro lado, el conseller aseguró tras el pleno que el problema de liquidez de la institución radica en la falta de financiación por parte del Govern. Puso como ejemplo el caso de Asuntos Sociales, «el más fuerte», según dijo. El Consell destina 18 millones de euros a este departamento, dada la creciente demanda, y sólo recibe la mitad (nueve millones) del Govern. Por los problemas de liquidez del Ejecutivo autonómico, el Consell ha tenido que avanzar 400.000 euros del Govern al Consorcio Sociosanitario (el Consell pone 600.000 euros y el Govern dos millones) para hacer frente a los pagos de las nóminas de la residencia de Can Blai. Por ello, la institución insular asegura que su «máxima prioridad» ahora mismo es lograr una mejora de la Ley de Transferencias, que, según sus cálculos, debe suponer un incremento de la financiación de la institución de entre 10 y 15 millones de euros.