El Consell justifica el recurso de Ca ses Castellones para defender «el interés público»

FORMENTERA | C. CONVALIA El conseller de Ordenación del Territorio de Formentera, Bartomeu Escandell, explicó en la mañana de ayer, en una entrevista concedida a la emisora pública local Radio Illa, que el Consell Insular ha decidido agotar todas las vías legales para «defender los intereses de la institución» en el caso de la sentencia condenatoria de Ca ses Castellones. Ese dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) obliga al Consell y a la empresa promotora de los locales comerciales levantados en el centro del pueblo de Sant Ferran a demoler los edificios y anula todos los actos administrativos relacionados con la licencia de obras que fue otorgada en 2005 por el entonces Ayuntamiento de Formentera, previo informe favorable de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico Artístico del anterior Consell de Ibiza y Formentera.
Bartomeu Escandell explicó que la motivación que ha llevado al Consell a intentar llevar el caso ante el Tribunal Supremo, con un recurso de queja presentado recientemente, se debe al «elevado coste» que pueden suponer las indemnizaciones derivadas de la demolición de los citados edificios para las arcas insulares.

«Acatamos la sentencia pero haremos todo lo posible para salvaguardar los intereses de la institución debido a que las indemnizaciones serían muy fuertes», manifestó el responsable de Urbanismo. Recordó que el Ayuntamiento de Formentera otorgó la licencia en su momento, y lo que ahora hará el equipo de gobierno del Consell será «ir hasta el final» para defender los intereses de la institución, reiteró.

Expuso que la sentencia de Ca ses Castellones va más allá de la demolición de los edificios comerciales «ya que afecta a las Normas Subsidiarias», aseguró. Recordó que el Consell de Formentera está haciendo un gran esfuerzo para «encajar la sentencia». Dijo que en estos momentos el trabajo está dirigido a regular, en la modificación del ordenamiento urbanístico de la isla actualmente en tramitación, todo lo relativo a la protección del patrimonio de las áreas urbanas calificadas como conjuntos históricos, que afectan a una superficie de un radio de 250 metros desde las iglesias del Pilar de la Mola, de Sant Ferran y de Sant Francesc Xavier.

Bartomeu Escandell se definió a favor de «una conservación lógica del patrimonio» y avanzó que ahora están trabajando en la redefinición de lo que afecta a la calificación de conjunto histórico, con criterios claros ya que entiende que «hay cosas que se deben proteger y otras que no».