IBIZA | A. F. F.
La Cámara de Comercio de Ibiza estudia interponer una querella contra la consellera de Comercio e Industria, Marga Vives, después de que ésta firmara el decreto de escisión de la entidad cameral que formaban Ibiza y Mallorca con el reparto de bienes más favorable a ésta última. El presidente de la Cámara ibicenca, Joan Tur Ripoll, lamentó que no se les informara de la decisión antes de enviarla para su publicación y que Vives «haya hecho caso omiso de los pronunciamientos del Parlament, del Consell de Ibiza y del Consell Consultiu». Todos ellos coincidieron en demandar una nueva tasación «a precio de mercado» de los bienes que había que repartir en la escisión.
La secretaria de la Cámara de Ibiza, Dolors Tur, recalcó que la entidad «nunca ha puesto una cifra sobre la mesa» para cuantificar sus reividicaciones, ni siquiera el estudio que encargaron a una universidad y que eleva en 1,5 millones de euros la parte que le correspondería a Ibiza y Formentera en la separación de Mallorca. «Sólo pedimos una tasación justa e independiente, pero se han negado a todo», recalcó.
Por ello, la entidad tomará medidas ante los tribunales, según adelantó Tur Ripoll, aunque no concretó si éstas serán de tipo administrativo o penal. En el segundo caso, dijo, se apuntará a la consellera como autora de un delito de prevaricación, porque «ha adoptado una resolución injusta a sabiendas».
Tur fue más allá y acusó a Vives de «no haber hecho nada en dos años». Según declaró, el texto de la resolución sobre la escisión que publica esta semana el Boletín Oficial de la Comunitat «es exactamente el mismo que dejó pendiente de firma el anterior conseller». «¿Qué han estado haciendo todo este tiempo?», se preguntó.
También recordó que la comisión liquidadora se siguió reuniendo sin tener en cuenta la recusación presentada por la Cámara de Ibiza contra el presidente y el vicepresidente por estar inmersos en un proceso penal (la primera querella interpuesta por la entidad ibicenca), algo que Tur recordó que incumple la normativa.
El presidente de la Cámara también criticó la falta de iniciativa del presidente del Govern, al que han solicitado amparo en dos ocasiones. «Cada conselleria tiene su partido y el que tiene una, no deja que nadie se entrometa y hacen lo que quieren sin entenderse entre ellas».
Tur Ripoll destacó que, a pesar de la intervención de varios políticos ibicencos y de que las negociaciones seguían abiertas, la conselleria ha llevado adelante sus intenciones y, como prometió en su momento Vives, «han emitido una resolución antes del 1 de julio».
La principal divergencia en el reparto está en la tasación de la sede de Palma, que el Govern sitúa en 4,2 millones de euros y los estudios encargados por la Cámara ibicenca elevan hasta los 14,5 millones.