La Audiencia acepta la abstención del juez Torres en el caso Ibiza Centre

IBIZA | E. RODRÍGUEZ La Audiencia Provincial ha informado favorablemente la abstención del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, Juan Carlos Torres, en la instrucción del caso Ibiza Centre. El magistrado Torres, al que correspondió por reparto la instrucción de la investigación judicial del supuesto caso de corrupción urbanística en sustitución de José Espinosa, decidió inhibirse alegando, entre otras cosas, que no estaba en posición de mantener una absoluta independencia, debido al trabajo que desempeña su esposa en el Consell.

En su renuncia, ratificada ahora por la Audiencia, Juan Carlos Torres señalaba que su cónyuge asesora e informa técnica y jurídicamente convenios del Consell que, en última instancia, son suscritos o supervisados por el presidente, Xico Tarrés, que figura como imputado en la causa. Confirmada la abstención de Torres, el caso pasará a manos del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach.

Por su parte, una delegación del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), encabezada por el magistrado Antonio Capó, se desplazó ayer por segunda vez a la isla para proseguir las declaraciones anuladas el pasado 28 de mayo por falta de tiempo en relación a la querella presentada por el ex dirigente socialista Roque López contra José Espinosa, el anterior juez instructor del caso Ibiza Centre, y Ascensión Joaniquet, la abogada de la mayoría de los cargos socialistas imputados en esta causa, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. López denunció que la letrada podría haber sobornado, presuntamente, al juez para obtener resoluciones favorables a través del pago de parte de una deuda de la esposa de Espinosa.

Precisamente, la cónyuge del juez Espinosa declaró ayer ante el tribunal. Según fuentes judiciales, esta testigo dijo que pidió a Ascensión Joaniquet el favor de actuar como intermediaria de los pagos de la deuda que tenía contraída con una vecina porque la relación entre ambas (deudora y acreedora) no eran buenas. También declararon ayer como testigos la abogada que comparte despacho profesional con Joaniquet y la secretaria. La primera indicó que sólo actuó de testigo en alguno de los pagos, según ella misma indicó a la salida de los juzgados, y la segunda explicó que, para formalizar los pagos, la mujer del juez dejaba por la mañana el dinero en mano en el bufete y que por la tarde se citaba a la acreedora para hacer efectiva la entrega.

José María Cánovas, abogado de Joaniquet, aseguró que de las declaraciones de ayer «corroboran la inocencia» de su defendida y la del juez, sin entrar en más detalles del contenido. «Los hechos son los que son y lo que no es, nunca puede ser. Las imputaciones se basan en meras elucubraciones y libelos. No se corresponde lo dicho con lo real», agregó a la salida de los juzgados. El letrado del juez Espinosa no quiso hacer ningún comentario, al igual que Andrés Tuells, abogado de Roque López. Este último también rehusó explicar los motivos por los que compró la deuda de la cónyuge del juez por 27.000 euros sin informar de ello a los afectados. El juez y su esposa lo supieron cuando la acreedora informó de ello en el juzgado durante su declaración como testigo. La deudora no ha recibido aún ninguna comunicación del nuevo acreedor.

La compra de la deuda

Tuells compró la deuda pendiente de la esposa del juez pero también los recibos de los pagos ya efectuados, de los cuales cuatro de ellos sustentan la querella contra Espinosa y Joaniquet. De hecho, Joaniquet asegura que le parece «insólito» que un abogado haya comprado la deuda de la mujer de un juez que instruye una causa en la que participa. «No me puedo imaginar las razones para hacerlo, pero tengo claro que no es para nada bueno», indicó. Aparte de las acciones penales anunciadas contra Tuells, Joaniquet piensa formalizar una queja ante el Colegio de Abogados de Balears, cuyo presidente, Joan Font, aseguraba ayer a este diario que no sabía nada sobre este asunto. «No había visto nada similar», se limitó a decir sin entrar en el fondo de la cuestión por «la falta de información» ni en las posibles actuaciones del órgano colegial.