FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Eivissa ha citado, el 4 de junio, al presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y a la consellera de Medio Ambiente, Silvia Tur, para que presten declaración, en calidad de imputados por un presunto delito de coacciones.
El presidente del Consell confirmó ayer que por lo poco que sabe sobre la denuncia, interpuesta por la vía penal, la citación judicial es para declarar en relación «a una denuncia promovida por un empresario local, Fabio Covizzi», titular de la concesión de dos quioscos de playa: Blanco y Giallo, en la playa de Migjorn, entre 2005 y 2007.
El año pasado, el Consell de Formentera no incluyó los citados quioscos en la petición de concesiones temporales a la Demarcación de Costas, lo provocó su desaparición.
En términos jurídicos, la coacción es la acción de impedir, con violencia física o psicológica, que una persona haga lo que la ley no le prohíbe hacer. También lo es obligar a una persona a hacer lo que no desea, ya se trate de hacer algo justo o injusto.
El presidente del Consell manifestó estar «muy tranquilo y dispuesto a colaborar con la Justicia». Ferrer señaló ayer por la tarde que desconocía el fondo de la denuncia y que el próximo lunes espera obtener más información al respecto al haber dejado «el tema en manos de los abogados» de la institución. Añadió que aplicará el principio de «absoluta transparencia y colaboración».
Por su parte, la consellera de Medio Ambiente remitió cualquier información a la facilitada por el presidente de la institución insular.
Ferrer relacionó la acción judicial emprendida con la decisión de no solicitar, el pasado año, las citadas autorizaciones administrativas a Costas. La decisión estuvo relacionada con las fiestas que se organizaban en ambos chiringuitos, a la puesta de sol, para tomar el aperitivo por parte de centenares de turistas, la mayoría italianos, que acudían casi en peregrinación. La masificación de la playa, el ruido de la música y la intensidad del tráfico de vehículos provocó las quejas de los vecinos. Esa fue una de las razones que motivaron al Consell a no solicitar la renovación de esas dos concesiones administrativas en Migjorn.
En abril de 2008, la consellera de Medio Ambiente comentaba lo siguiente en relación a los dos quioscos del denunciante: «No permitiremos que ningún quiosco que, recuerdo, tienen la finalidad de servicio público, se convierta en una discoteca de playa; además, el pasado verano ya fueron advertidos y no hicieron caso».
Fabio Covizzi consiguió la concesión de los dos quioscos en 2005 tras el concurso público convocado por el Ayuntamiento. La opción de ocio que este empresario ofreció desde ese año a través de el Blanco y el Giallo, se basaba en el disfrute multitudinario de la puesta de sol en Migjorn, amenizado con música electrónica a un volumen bastante elevado.
Al poco tiempo de aplicar esta fórmula, la visita a estos quioscos era casi obligada para centenares de jóvenes italianos que, mayoritariamente, se movían en grupos de motocicletas. Este periódico intentó ayer, infructuosamente, ponerse en contacto con el citado empresario.
02:31
.jpg)
