La descripción que hace el documento del Defensor del Pueblo de las condiciones de la comisaría de Eivissa es alarmante. «En el caso de los baños para detenidos deben colocarse puertas en los inodoros que permitan una mínima intimidad», reclama el documento. «Hay que incrementar el número de mantas disponibles en los calabozos para que no resulte necesario entregar a los detenidos mantas ya usadas sin previa higienización», continúa el documento.
Pero no sólo son penosas las condiciones de los presos sino también las del personal. «Hay que reemplazar las sillas rotas en las que trabajan algunos funcionarios», dice el informe, que también sugiere que se reemplacen cristales «rotos o inexistentes» y que se palíe el foco que provoca el mal olor existente en los calabozos «con algún sistema de ventilación o purificación del aire». Las carencias «son de tal calibre» –apuntan– «que no puede demorarse la realización de varias mejoras».
Pero los problemas no son sólo de infraestructuras, porque el Defensor del Pueblo advierte de que los servicios documentales de la Policía «han venido asumiendo una serie de tareas que no les corresponden». También remarca que la carga de trabajo de mayo a octubre «se incrementa notablemente» sin que haya medidos suficientes.
Para los autores del informe del Defensor del pueblo la posibilidad de solventar de manera definitiva esta cuestión «pasa por una reorganización integral de los sistemas de gestión de la Extranjería en la isla de Eivissa», si bien hasta que ello ocurra «resultaría necesario reforzar el personal al menos en los períodos de más carga de trabajo».
Otras sugerencias se centran en las rutinas de trabajo, que a veces provocan problemas por no ser las más correctas. Entre ellas solicita que cambie el envío de notificaciones de Palma a Eivissa, «que se realiza por correo ordinario sin garantías ni copias, sin estar grabados en el sistemas informático y con un gran volumen de pérdidas».
Más información
El Defensor del pueblo recomienda paliar el notorio déficit de información de competencias y funciones respectivas entre la Casa del Mar y la Policía Nacional, además de hacia los particulares interesados y entidades relacionadas.