EIVISSA | REDACCIÓN
La visita del personal del Defensor del Pueblo a la comisaría de Eivissa y al edificio de la dirección insular del Administración general del Estado en las Pitiüses no sólo ha corroborado las denuncias presentadas por diez asociaciones de inmigrantes, Cáritas, USO, UGT, CCOO y la Fundación Deixalles sino que incluso amplía y detecta más problemas de los que constaban en las denuncias que generaron la visita. Tras comprobar «el mal estado de las instalaciones» y el «deficiente servicio» que se presta por «descoordinación, exceso de carga de trabajo y falta de personal», el Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno central, a través de las administraciones competentes, «que se abra lo antes posible la oficina delegada de Extranjería en Eivissa», tal y como prometió en la isla la ministra Elena Salgado cuando estaba al frente de Administraciones públicas.
También insta a que se construya lo antes posible la nueva comisaría. «Dada la pobre imagen de las instalaciones actuales y del alto número de personas que las visitan debería informarse mediante carteles de que se trata de unas dependencias provisionales y que su sustitución está en proyecto, pidiendo a los usuarios disculpas por las severas deficiencias que presentan», dice textualmente la respuesta del Defensor del Pueblo.
Otro de los puntos en los que incide el documento es en el exceso de carga de trabajo que soportan no sólo en la comisaría sino en la dirección insular del Estado, «que se ha convertido en una dependencia de extranjería sin reunir las características idóneas ni contar con suficiente personal y medios».
El trato a los inmigrantes es otro de los puntos del informe. Entre otras medidas pide que se elimine la práctica de acompañar y entrar en domicilios particulares sin orden judicial ni policial cuando a un particular se le pide la documentación en la calle y no la porta.