Cuando el pasado jueves, 7 de mayo, a las 9,16 horas de la mañana, el brazo articulado de una excavadora dio el primer golpe en los muros de la casa de Michael Cretu para derribarla, varias apuestas se perdieron en Eivissa. Quienes se habían jugado que Can Cretu no caería jamás, confiados en la larguísima experiencia ibicenca de mantener indemne cualquier obra ilegal, perdían paellas, cervezas o cafés ante quienes habían apostado por el triunfo de la justicia y el derribo de la mansión, de 3.110 metros cuadrados de superficie. Era la primera vez que en la isla no sólo se derribaba una casa construida de forma ilegal, sino que, además, ello sucedía a pesar de la abierta oposición del ayuntamiento afectado.
El primer día en que apareció publicado el nombre del músico rumano Michael Cretu en Diario de Ibiza asociado con este caso fue en marzo de 1996, aunque un año antes ya se habían iniciado obras de deforestación, apertura de caminos y desmontes en la cima de un monte de Can Guillem, en Santa Agnès de Corona, dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), que la Ley de Espacios Naturales (LEN) declaraba inedificable. Ya en aquella primera noticia, el titular advertía: «El GEN llevará el caso al juzgado si se otorga la licencia de obras».
Este aviso no inquietó demasiado al alcalde, Antonio Marí Tur, que el 29 de abril de 1997 terminó concediendo licencia de obras a una vivienda de más de 700 metros cuadrados en la cima de ese monte. Las críticas de la izquierda y del GEN fueron incesantes. Aseguraban que se vulneraban varias leyes, pero sobre todo, la que impedía construir en las cimas de los montes, tal y como establecía la LEN, o la que prohibía edificar por encima de los 200 metros de altura, cota en la que también estaba el terreno. Antonio Marí Tur, en cambio, aseguró que «la palabra cima es un concepto indeterminado». Tanto él como los abogados de Cretu se embarcarían entonces en una estrategia orientada a negar que la casa estuviera realmente donde a todas luces estaba: en una cima.
17 informes inútiles
Ante el revuelo organizado y la necesidad de dar una justificación a tan controvertido emplazamiento –y a tan enorme edificación–, el Ayuntamiento y el Consell se lanzaron a la redacción masiva de informes que avalaran lo que luego se demostró imposible de sostener legalmente. Tras meses de controversia, dictámenes jurídicos y polémicas legales, Marí Tur presumía de tener bajo el brazo 17 informes favorables a la vivienda. Lo que no dijo el alcalde es que ninguno de ellos aclaraba si podía edificarse en una cima protegida por la LEN; es decir, pasaban por alto el principal motivo de controversia. Él mismo lo admitió años después, al declarar como imputado ante el juzgado.
De forma sigilosa pero constante, el GEN iba presentando sus escritos de denuncia ante el Ayuntamiento. En octubre de 1999, los ecologistas pidieron formalmente la revisión y anulación de la licencia de obras. Era el primer paso para acudir a los tribunales.
Las obras avanzaban de forma espectacular en la cima de la montaña, desmochada ya por las excavaciones y transformada en una acumulación de grúas y escombros que hería la vista. Cuando en 2001 Diario de Ibiza publicó la famosa fotografía de Paris Match con la mansión ya terminada vista desde el aire, en un bar de Sant Joan, un cliente exclamaba: «¡Pero si parece Dalt Vila en pequeño!». Quienes la han visto por dentro la comparan con los palacios de Sadam Hussein y refieren riquezas sin cuento. Cretu había sobrepasado ampliamente –de forma exagerada incluso– la superficie prevista en el proyecto, aunque eso no evitó que el Ayuntamiento le concediera el certificado de fin de obra, que demuestra que la construcción se ha hecho con arreglo a lo proyectado.
El 24 de noviembre de 2001 caía la primera bomba judicial: un juzgado de Palma declaraba la «nulidad radical» de la licencia de obras otorgada en 1997 y ordenaba su demolición. El principal argumento era que, efectivamente, no se podía edificar en la cima. La resolución era consecuencia de un recurso presentado por el GEN, que a partir de ahora no soltaría ya el hueso de la vía judicial. En recompensa, todas y cada una de las sentencias, autos y demás resoluciones que emitirían los tribunales, sin excepción, les darían la razón.
El Ayuntamiento y Michael Cretu recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que en noviembre de 2002 confirmaba la orden de derribo. «Estoy sorprendido», afirmaba desolado el alcalde Marí Tur, que ahora sí empezaba a inquietarse, aunque anticipaba una batalla legal prolongada. Al año siguiente, la justicia daba la razón al GEN por tercera vez consecutiva y ahora el Ayuntamiento ya empezaba a pedir ayuda al Consell para las posibles indemnizaciones a Michael Cretu.
El año 2003 añadió otro ingrediente a esta salsa jurídico-política. La Fiscalía de Eivissa abría la vía penal contra los responsables de la licencia de Cretu, al objeto de determinar si, aparte de ser ilegal este permiso, el Ayuntamiento podría haber cometido un delito. Esta vía aún permanece abierta y ya han declarado como imputados tanto Antonio Marí Tur como el propio Michael Cretu.
La ´amnistía Cretu´ fracasa
El nuevo alcalde surgido de las elecciones de 2003, José Sala Torres, también del PP, mostró una línea continuista y el 7 de junio anunciaba que quería «legalizar» la vivienda. Sala llegaba a sugerir que se cambiara la ley para poder salvar la casa. Esta posibilidad, que muchos consideraron inverosímil por lo atrevido que era, terminó convirtiéndose realidad a finales de año. Entonces, el Govern del PP utilizó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004 para incluir una cláusula que legalizaba las casas que tenían, curiosamente, las exactas características de la de Cretu. Por eso se le llamó la Amnistía Cretu. «Atentado a la democracia» o «acto de piratería» fueron algunas de las críticas más suaves.
De nada sirvió. Una vez más, la justicia declaró ilegal la ´Amnistía Cretu´ y continuó exigiendo el derribo de la casa, dando ya plazos concretos para la demolición, amenazando además con imponer sanciones económicas al propio alcalde si dilataba la demolición, que debía completarse el 1 de noviembre de 2008. La primera multa a Sala llegó incluso a materializarse.
La tenacidad y rigor de la juez Carmen Frígola Castillón, autora del 90 por ciento de las resoluciones sobre el caso, junto con la lucha altruista y perserverante del GEN, han sido los factores determinantes para que la ley se restableciera en este monte de Santa Agnès. Todavía en noviembre de 2005 la juez seguía emitiendo sentencias contra la legalización de la casa. En 2006 era el Tribunal Supremo el que confirmaba el derribo. Los últimos cartuchos de Cretu y el Ayuntamiento se quemaban en vano, uno tras otro.
En febrero de 2007 la juez ordenó a Sala que «en el próximo pleno» ordenara el derribo de la casa. Ya no había escapatoria. Pese a algunas maniobras dilatorias más, el Ayuntamiento terminó reservando partida económica para la demolición y la adjudicó a una empresa navarra, Erri Berri, a finales de 2008. Ahora sí era el punto y final. Se salvaron, literalmente, los muebles que se pudieron y el 27 de abril de 2009 empezó a desmontarse la carpintería exterior. Y luego llegaron las excavadoras.
