Después de 14 años de denuncias, decenas de sentencias y autos judiciales e innumerables maniobras dilatorias por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, ayer a las 9,16 horas comenzó el derribo de la mansión de Michael Cretu en la cima de un monte protegido de Santa Agnès.
Las dos retroexcavadoras llegadas desde Navarra para derribar la mansión comenzaron su trabajo, tal y como estaba previsto, en la jornada de ayer y ya no se detendrán hasta haber reducido a escombros la totalidad de esta vivienda de 3.000 metros cuadrados, el triple de lo que autorizaba la licencia, también ilegal.
Las dos máquinas comenzaron a taladrar las paredes más meridionales de la casa, que fueron cayendo lentamente en medio de espesas nubes de polvo. Camiones de gran tonelaje irán extrayendo a partir de ahora los escombros generados para depositarlos en puntos autorizados.
A mediodía, después de cuatro horas de trabajo ininterrumpido, los efectos de las máquinas sobre la vivienda ya empezaban a ser perceptibles, pero apenas suponían un porcentaje importante sobre el volumen total construido. La empresa Erri Berri espera tener concluida la obra de demolición antes de cuatro semanas.
Indemnización
Paralelamente a la acción de las excavadoras, el Ayuntamiento de Sant Antoni se preparaba para hacer frente al pago de indemnizaciones al titular de la licencia de esta mansión. El primer teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, admitió que será inevitable pagar alguna cantidad, pero consideró que ésta estará «muy alejada» de los 18 millones de euros que Michael Cretu solicitó hace ya unos tres años. «La indemnización, en todo caso, tendrá que tener como base la licencia que se otorgó en su momento, con las actualizaciones correspondientes», pero no bajo el criterio de la superficie finalmente construida, que excede notablemente los más de 700 metros autorizados en ese permiso y por ese motivo tiene abierto un expediente sancionador.
Pantaleoni dijo que el Ayuntamiento hará todo lo necesario «para defender al máximo los intereses de los ciudadanos» y que la cuantía que se tenga que pagar sea la más baja posible.
También aprovechó para recordar su desacuerdo con la demolición, pues «la casa podría haberse destinado a usos públicos» y rechazó que sea Sant Antoni el municipio que más precise de sanciones ejemplarizantes como esta.
De hecho, la dirigente del GEN Neus Prats opinó que, «en vez de obtener ninguna indemnización, el promotor deberá pagar la sanción que le corresponda por haber construido mucho más de lo que le permitía la licencia».
Finalmente, el Consell Insular, a través de su consellera portavoz, Pilar Costa, negó que esta institución deba ayudar al Ayuntamiento al pago de cantidad alguna, puesto que el Consistorio municipal ha sido «el único responsable» de la ilegalidad cometida.
El abogado de Cretu, Jaume Roig, mostró su desolación por el derribo y dijo que se ha actuado con una severidad inusual en este caso precisamente por tratarse de un personaje conocido.
