El juicio que debía celebrarse ayer contra Bartomeu Marí Ribas, Sendic, y su esposa, M. F. M., por las condiciones insalubres en las que mantenían a un centenar de podencos ibicencos que ellos mismos criaban, a algunos de los cuales supuestamente maltrataban, fue aplazado hasta el próximo 25 de mayo.

La jueza Clara Ramírez tomó esta decisión después de que Sendic no se presentara a la vista oral, que ya fue suspendida en una ocasión. Al parecer, horas antes del juicio se puso nervioso y se encontró mal, por lo que decidió acudir a urgencias del hospital Can Misses. Aunque en un principio se acordó esperar unas horas para ver la evolución del acusado y celebrar así la vista, al final se recibió un parte de urgencias en el que se confirmaba que se encontraba allí, pero puesto que no había sido atendido aún, se decidió la suspensión.

Sendic y su esposa se enfrentan a dos años y medio de cárcel, según la máxima de las acusaciones. No obstante, una de las cuestiones más relevantes es que se pide para ellos la inhabilitación de hasta tres años para cuidar o trabajar con animales.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, desde 2004, Sendic y su esposa criaban «de manera incontrolada» podencos ibicencos en su finca de Ca na Lluca, situada alrededor del kilómetro 4 de la carretera de Sant Josep a es Cubells.

La acusación sostiene que los animales no tenían comida ni agua suficiente y no seguían tratamiento veterinario alguno. Además, andaban sueltos por la carretera, con el consiguiente riesgo tanto para la vida de los propios perros como para la seguridad de los vehículos que circulaban por ella.

Al parecer, los podencos, que alcanzaban el centenar, sufrían maltrato que les causaba la muerte, en algunos casos, y les provocaba lesiones que les suponía un menoscabo físico, en otros. Asimismo, algunos padecían enfermedades que no recibían el tratamiento necesario y, concretamente, siete de ellos presentaban cojera severa, sarna, heridas sin curar y malnutrición severa.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita provisionalmente un año de cárcel para cada acusado por sendos delitos de maltrato animal. También pide que abonen al Ayuntamiento de Sant Josep los gastos generados de la retirada de los animales.

La acusación particular que representa al consistorio pide un año de cárcel por maltrato animal, otro por desobediencia y seis meses por uno contra la seguridad vial (porque los perros suponían un riesgo para la circulación), así como una multa de 1.800 euros.

A su vez, la acusación que representa a la asociación protectora de animales Iris Bright Eyes, cuya responsable interpuso la denuncia, según el abogado, solicita un año por maltrato animal, otro por el delito contra la seguridad vial y la intervención de los setenta perros que, asegura, todavía tiene.

Durante años, los vecinos de la zona estuvieron quejándose por las molestias que causaban los animales y el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell Insular llegaron a intervenir.