Cuatro ciudadanos brasileños serán expulsados del país por orden judicical tras ser condenados por distribuir documentos de identidad de nacionalidad portuguesa falsificados, en el caso de uno de ellos, y haberlos comprado, en el de los otros tres.
En la vista oral, celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, los cuatro procesados reconocieron los hechos y aceptaron las penas acordadas entre la Fiscalía y los abogados defensores.
Concretamente, V. S., quien realizaba y vendía los documentos, fue condenado a dos años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.160 euros. Los otros tres, V. S., M. F. y A. D. C., aceptaron seis meses de prisión y sendas multas de 1.980 euros. Sin embargo, las penas de cárcel fueron sustituidas por la expulsión del territorio español «por un periodo de diez años», concretaron fuentes de la Fiscalía.
Los hechos enjuiciados se desarrollaron desde principios del pasado año. La acusación pública sostiene que V. S., que está en prisión provisional, ofrecía cartas de identidad portuguesas a compatriotas brasileños a cambio de dinero. Una vez que adquirían los documentos, los compradores los utilizaban para pedir la residencia en la Unión Europea.
Las investigaciones realizadas permitieron esclarecer que V. S., que también utilizaba uno de los documentos falsos, había vendido al menos cuatro de ellos. Ayer fueron procesados sólo tres de estos compradores, que habrían pagado entre 800 y 1.300 euros a V. S. a cambio de la documentación falsa.
La trama fue destapada en el mes de mayo, cuando se produjo la detención de V. S., quien pudo ser localizado en un locutorio de Vila que al parecer utilizaba para ponerse en contacto con compatriotas que pudieran estar interesados en adquirir estas cartas de identidad falsas, según relataron fuentes del Ministerio Público.
Después de que los cuatro procesados aceptaran sus respectivas condenas, la juez Martina Rodríguez las declaró firmes dado que las partes aseguraron que no tenían intención de recurrirlas.
Las condenas
El acusado que vendía los documentos fue condenado a dos años y un día de cárcel, mientras que a los otros tres se les impusieron seis meses de prisión. Sin embargo, estas penas fueron sustituidas por la expulsión de España por diez años.
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