Funcionarios del Ayuntamiento de Sant Antoni, acompañados por el secretario municipal, acudieron ayer por la mañana a la mansión ilegal de Michael Cretu en Santa Agnès de Corona para dar cumplimiento a la petición hecha por el juzgado de que se compruebe que el propietario impide la entrada al domicilio antes de emitir la correspondiente autorización judicial para ello.
El primer teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, explicó que los representantes del Ayuntamiento acudieron al lugar y, tras llamar a la puerta, no recibieron contestación alguna ni pudieron penetrar en la propiedad. Por ello, ahora se comunicará al juzgado de Palma que lleva el caso esta circunstancia para que proceda a emitir la correspondiente autorización judicial de entrada para la empresa adjudicataria el derribo de la casa.
Pantaleoni afirmó que este debe ser el último trámite para iniciar las obras de derribo, pero dejó el comienzo de los trabajos en manos de lo que tarde el juzgado en emitir la citada orden.
Por otra parte, el alcalde, José Sala, está preparando el recurso que presentará contra las sanciones que han empezado a recaer contra su patrimonio personal, al considerar que no están justificadas. Sin embargo, Pantaleoni admitió que dicho recurso no evitará la progresiva imposición de las multas, que desde este mes son de 1.000 euros cada treinta días, que se elevarán a 600 euros a la semana a partir de julio.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni no descarta contribuir, a título particular, a pagar estas multas, «pero esto es un asunto privado de cada uno», señaló Pantaleoni, que añadió: «No queremos hacer un show mediático de este tema».
