La titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, Irene Truyols, ha cumplido su advertencia y, ante el retraso que acumula la ejecución de la sentencia de demolición de la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès ha dictado un auto en el que ordena al alcalde de Sant Antoni, José Sala, a pagar de su propio bolsillo una sanción económica de mil euros mensuales entre marzo y julio (cinco meses) y de 600 euros semanales a partir de julio en el caso de que el inmueble aún siga en pie. La magistrada requiere en esta resolución al alcalde para que en el plazo de 10 días a partir de la notificación de la resolución abone los primeros mil euros correspondientes al mes de marzo en una cuenta bancaria del Banco Español de Crédito y le advierte de que de no hacerlo se procederá al embargo en bienes y rentas de su propiedad.
La jueza advierte además de que si el 1 de julio la casa aún no ha sido derribada se podrá «expedir testimonio de particulares contra el alcalde por un presunto delito de desobediencia a la autoridad». La magistrada tiene un lapsus y comete un error en el auto al hacer referencia al alcalde de Santa Margalida en lugar del de Sant Antoni. Precisamente, el mismo juzgado también impuso el pasado mes de agosto un multa mensual de 1.000 euros, y transcurridos unos meses 600 euros semanales, al alcalde de Santa Margalida, Martí Ángel Torres, del PP, por incumplir la orden de demolición de unas obras ilegales (el cerramiento de una serie de terrazas en una calle del municipio). La sanción que se impone en los dos casos son idénticas.
El alcalde de Santa Margalida recurrió la resolución, pero previamente había abonado dos mensualidades, la primera a cargo de las arcas municipales y la segunda con fondos de su patrimonio. Tras el primer pago, la jueza dictó un auto en el que advertía de que podía incurrir en «posibles responsabilidades penales, inclusive por malversación de fondos públicos,», si la multa había sido abonada con fondos públicos. El primer edil dice que realizó el ingreso de mil euros de su propio bolsillo el mismo día que le informaron del citado escrito judicial.
En la resolución judicial, la jueza también ordena al secretario de la Corporación que en el próximo pleno de la institución dé cuenta del contenido de este auto y requiera al primer edil para que haga efectivo el pago de la multa acordada. Contra este auto cabe interponer recurso de apelación. La magistrada justifica que «ha transcurrido con creces» el plazo para que «la sentencia haya sido enteramente ejecutada». Abunda en que en febrero de 2007 dictó un auto en el que daba un plazo de 18 meses para que se ejecutase el derribo, fijando el 1 de noviembre de 2008 como día final del cómputo, y que ya advertía de que si no se cumplía podían imponerse al alcalde multas pecuniarias coercitivas sobre su patrimonio particular.
´Agradecimiento´ al GEN
El Ayuntamiento de Sant Antoni envió ayer mismo un comunicado (el alcalde no respondió la llamada de este periódico) en el que agradecía, con ironía, «el ensañamiento y sectarios esfuerzos» del grupo ecologista GEN «encaminados a perjudicar personalmente y también políticamente a José Sala». De hecho, el pasado 3 de febrero el GEN remitía al juzgado un escrito en el que pedía que se dictase una orden para la inmediata demolición de la casa y que, ante el retraso, impusiera las sanciones coercitivas que procedieran. Decía incluso a la magistrada que el Ayuntamiento seguía «el juego» de Cretu al concederle un plazo para que sacara los muebles antes de echar abajo la vivienda, lo cual, dice el Consistorio en su nota, es «mentira». «Suponemos que ellos arrasarían con todo sin importarles las consecuencias, como paga el pueblo de Sant Antoni». «Pero además suplican al juzgado la imposición de multas con cargo al patrimonio personal del alcalde, cuando bien saben que el proceso encaminado a la demolición está en marcha y si se ha producido algún retraso no se puede imputar a él».
