El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado, aunque de forma provisional, el proyecto de demolición de la mansión de Cretu, en Santa Agnès, a la empresa navarra Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L., con un presupuesto de 346.653 euros y un plazo de ejecución de 21 días. El presupuesto de partida del concurso era de 900.000 euros con tres meses de plazo de ejecución. El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, señaló que la oferta de la empresa navarra es la más económica de las ocho presentadas, aunque había alguna que se comprometía a echar abajo la casa con menos tiempo.

Pantaleoni señaló que la adjudicación todavía no es definitiva a la espera de que la empresa ganadora del concurso deberá presentar en un plazo de ocho días la documentación que acredite que se halla al corriente de de pago de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social y aporte la garantía de ejecución de la obra. Cumplido estos requisitos, con un plazo reducido de ocho días por tratarse de un expediente tramitado por la vía de urgencia, la Comisión de Gobierno adjudicará de forma definitiva las obras. En el caso de que esta empresa no cumpliera las condiciones fijadas, el Consistorio adjudicaría la demolición de la mansión del músico rumano a la constructora que le siga en puntuación.

El teniente de alcalde de Sant Antoni explicó que, superado todos estos trámites administrativos, el Consistorio deberá comunicar al propietario de la casa la fecha en que está prevista que comience la demolición del inmueble. En el caso, de que Michel Cretu se niegue a abandonar la casa, el Ayuntamiento deberá comunicarlo al juzgado para que dicte una orden de entrada y ocupación de la misma en cumplimiento de la sentencia que obliga a derribarla. La mesa de contratación del Ayuntamiento resolvió hace una semana posponer la adjudicación de esta obra y pedir más información sobre las ocho ofertas presentadas para justificar de alguna manera las «espectaculares» bajadas que en algunos casos se producen tanto de la oferta económica como en el plazo de ejecución. El equipo de gobierno temía que pueda haber reducciones temerarias que impidieran luego ejecutar las obras en las condiciones comprometidas.

La propiedad del inmueble remitió al Consistorio un escrito en el que solicitaba una prórroga de medio año en la ejecución del derribo de la mansión alegando, entre otras cosas, que en la casa residen dos familias con menores. El Ayuntamiento remitió dicha petición al juzgado para que se pronunciara sobre si había lugar o no a aceptarla, aunque todavía no lo ha hecho. «Nosotros no tenemos nada que decir al respecto», justifica el teniente de alcalde.

Por otra parte, la juez sustituta del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa decidió suspender una serie de declaraciones testificales previstas para ayer sobre la causa que se sigue por la vía penal, y en la que están imputados el ex alcalde Joan Marí Tur y el propietario de la casa, Michel Cretu, entre otros. El juez había archivado la causa, aunque la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la instrucción tras aceptar los argumentos de la Fiscalía sobre la necesidad de seguir investigando si se pudo cometer algún delito. Ayer tenían que declarar, a petición del fiscal, Neus Prats, representante del GEN; Pep Ribas, miembro de la oposición cuando se concedió la licencia de la casa, el aparejador municipal, agentes forestales y un periodista.